La Generalitat abre otro frente contra el Estado por la inversión en Rodalies

A Lluís Recoder, consejero de Territorio y Sostenibilidad, no le gusta que le den plantón. Y Adif ayer plantó a su departamento. La empresa estatal -propietaria de las vías, estaciones y catenarias por las que circulan los trenes de Rodalies, que dependen de la Generalitat- debía reunirse con Ricard Font, director general de Transporte y Movilidad, para discutir sobre la falta de inversiones en la red. Pero el Adif anuló la cita y el consejero, "muy enfadado", decidió airear la mala relación entre la Generalitat y la empresa estatal, dependiente del Ministerio de Fomento.

El departamento había preparado "una hoja de ruta" sobre las inversiones que considera prioritarias y que cree que deben hacerse este mismo año. En total suman una inversión de 1.910 millones. Están ordenadas de más a menos imprescindibles. Como Adif no recibió a Font, Territorio repartió ese informe entre los periodistas. Según el documento, el Estado debía invertir a raíz del Plan de Rodalies 4.000 millones hasta 2015. Hasta 2011, casi 2.000 millones. De momento ha ejecutado 133 millones de euros, el 3,3%.

El capítulo que la Generalitat considera más urgente es el de modernización de las infraestructuras existentes, ya que catenarias, vías y señalización son los elementos que más incidencias causan en la línea. En este apartado se han ejecutado 64,7 millones de los 298 millones comprometidos hasta 2011.

El problema, reconoció ayer Recoder, es que, ante la falta de cumplimiento de los acuerdos, la Generalitat tiene poco que hacer, a pesar de que la gestión de Rodalies está en sus manos desde el 1 de enero de 2010. "Con el traspaso que se hizo, que no incluyó infraestructuras, estamos atados de pies y manos", lamentó, y añadió que aun así no se rendirán. Creen que Cataluña es víctima del "menosprecio continuo" de Adif, y Rodalies, según Recoder, ya solo la utilizan "usuarios cautivos". Es decir, los que no tienen otro remedio. El consejero cargó las tintas contra Fomento, cuyo titular, José Blanco, respondió en los pasillos del Congreso: "En un contexto económico muy complicado, en el que la Generalitat ha paralizado este año toda la licitación de obra pública, no puede pedirnos a los demás que hagamos más esfuerzos, cuando ellos han tenido que recortar para ajustarse al cumplimiento del objetivo de déficit".Al margen de las declaraciones de José Blanco, el Ministerio de Fomento envió un comunicado oficial en el que contesta a las acusaciones de la Generalitat. Cataluña, recordó en la nota, con declaraciones de la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez, es la primera comunidad en inversión ejecutada en esta área, con un total de 15.000 millones de euros desde 2004. Además, añadió, Cataluña no puede exigir que un plan que finaliza en 2015 esté ejecutado en 2011. "La ejecución de las obras se debe ajustar a la capacidad de financiación. No se puede invertir lo que no se puede pagar", zanjó.

"Con Renfe hablamos, y mucho. Las reuniones son útiles. Al menos hay una voluntad de mejora. Con el Adif... es obvio que Rodalies no es una prioridad para ellos", comentó el consejero Recoder, que aseguró que sus palabras no significan que defienda a Renfe, que también "comete errores". Criticó que Fomento "sí tenga dinero" para otras infraestructuras, como la licitación de la alta velocidad entre Madrid y Extremadura o Madrid y Galicia, valoradas en miles de millones.

Para elaborar la lista de las actuaciones que la Generalitat considera más necesarias, han tenido en cuenta, según explicaron ayer responsables de Territorio, las deficiencias que crean más incidencias. Así pues, la primera actuación que exigen es la modernización de la red antigua. Además, Recoder reclamó a Fomento la creación de una oficina de seguimiento para las obras de Rodalies, en la que participen ambos Gobiernos. "Ya se hizo en las obras de la terminal 1 del aeropuerto de El Prat, que estuvo dirigida por un ingeniero de prestigio", señaló. Hace tres meses, dicen, pidieron la existencia de dicha oficina. "Es una cuestión de voluntad. Sería algo de carácter permanente. No puede ser que todas las decisiones se tomen desde Madrid", apuntó el titular de Territorio.