Unda duda de la operación de Epsilon y dice que nunca tuvo "bases sólidas"
La letrada de Miñano avisa de que la UE puede exigir la devolución de ayudas
El consejero de Industria, Bernabé Unda, acusó ayer en el Parlamento a los responsables del Parque de Miñano con el Gobierno anterior de haber garantizado, con las ayudas a Epsilon, una "operación dudosa", que, de fracasar, causará un quebranto público de 50 millones de euros, 28 de ellos a la Administración vasca. "Se optó por tapar un agujero que ya se sabía que podía generar un grave quebranto a las arcas públicas", afirmó. "El proyecto nunca ha tenido bases sólidas" ni produjo nunca ingresos suficientes, añadió.
Unda compareció en la Cámara después de que la semana pasada la ex consejera de Industria del último gobierno Ibarretxe, Ana Aguirre, apostara por el rescate de la empresa. El mismo día acudió el responsable de la firma, Joan Villadelprat, embarcado en la búsqueda de un inversor extranjero, una tarea en la que Unda dijo que el Gobierno ha ayudado -realizó gestiones en Catar, dijo- y ayudará. "Seguimos a la espera de que llegue un inversor que haga de este proyecto un negocio de futuro y libere a las arcas públicas de sus excesivas obligaciones", explicó. Pero a la petición de "paciencia y cariño" para el proyecto que dejó Villadelprat en la Cámara, Unda respondió que lo que hace falta es "rigor". También advirtió de que todo lo que haga el Gobierno en adelante se atendrá a esa premisa y que lo hará "contando con el sector y el cluster de la automoción". Unda se preguntó por qué los impulsores del proyecto lo mantuvieron al margen de ellos.
Zamudio traspasó el plan a Miñano, donde suponía el 54% de los recursos
El Gobierno no ha encontrado informes que avalen las ayudas
El gobierno está aún a la espera de los informes que pidió al conocer -"por terceros", según dijo y lamentó ayer ante la comisión- la grave situación de la empresa. "Pero sí tengo una certeza", adelantó: "Todo ocurrió por una mala gestión de los recursos públicos, eso lo puedo asegurar". Cuando Miñano asumió el proyecto, elaborado en el parque de Zamudio, pero que finalmente no culminó allí por razones desconocidas, a su frente se encontraba Alfonso Arriola, imputado en el caso De Miguel.
Unda mostró su perplejidad por esa inexplicada transferencia del parque con más posibilidades de financiarlo al "más pequeño y débil", al que le suponía endeudarse en el 54% de todos sus recursos. El consejero informó a quienes pidieron su comparecencia -todos los grupos menos el PNV- de que no existen informes jurídicos que respaldaran en su día la operación. "No hay prácticamente nada, actas de consejos de administración y escrituras de propiedad, y poco más. No hay informes jurídicos" que avalen la concesión de ayudas, aseguró. Y si alguna vez los hubo "han desaparecido", añadió Unda, antes de lanzar una petición al aire: "Si alguien sabe dónde están, ruego que nos lo haga saber".
El consejero desveló el contenido de un informe encargado a la letrada del despacho Uría que asistía y asiste al consejo de administración del parque de Miñano sobre el encaje de la operación en la normativa de la Unión Europea, ya que no fue comunicada a sus autoridades ni autorizada por estas. El informe "deja claro que las medidas podrían haber sido ayudas de Estado" y también que la Unión Europea (UE) podría obligar a su devolución. Unda llamó además la atención sobre el desequilibrio entre la inversión privada y la pública. "Es más que alarmante", dijo el consejero. El capital social de la firma es de 92.000 euros.
La portavoz del PNV, Estibaliz Hernáez puso en duda que el Gobierno esté contemplando el proyecto "con el rigor necesario", defendió la operación como "equilibrada" y asumió el argumento del responsable de Epsilon de que el Gobierno, en el peor de los casos, se quedará con un patrimonio de 46 millones, algo que el consejero negó: la tasación ultima lo cifra en 22 millones y 11 de maquinaria, afirmó. Hernáez aludió a un plan de viabilidad que la empresa habría entregado al ejecutivo recientemente, pero Unda rechazó que lo que la empresa ha presentado, presionada por el Gobierno, puede considerarse como tal: "El plan es encontrar un inversor que ponga 50 millones, no dice más, eso no es un plan de viabilidad", desautorizó.
Error de cálculo de 21 millones
La comparecencia del consejero de Industria sirvió ayer también para dar a conocer a la Cámara que la operación emprendida por el Parque Tecnológico de Miñano con Epsilon buscaba "tapar un quebranto económico de una incorrecta planificación". La empresa, dijo Unda, había basado su proyección económica en la recepción de 25 millones de euros de la Administración central, pero esa cantidad quedó reducida a cuatro millones. Se trata de unos préstamos que se conocen en el Ministerio de Ciencia e Innovación como parquetazo . Es decir, en el análisis que ofreció el consejero de las actuaciones realizadas por el anterior gobierno, se trata de "una operación que nace de una esperanza fallida". Al no recibir la empresa el dinero que esperaba, Miñano sale en su rescate. Lo hace ya "en tiempos de crisis y sin encomendarse a nadie", dijo Unda, garantizando un crédito de 16 millones que conceden a medias Caja Vital y Kutxa. Los mismos que tendrá que pagar el Gobierno acudiendo por fuerza a una subasta para pagar, obligado por un contrato hecho ante notario, entre 14 y 22 millones de euros.
También Unda informó de que la empresa no ha pagado el plazo del dinero recibido de Gauzatu y que ha incumplido el compromisos de creación de empleo por el que recibió ayudas del Fondo Estratégico. Ese dinero "debe ser devuelto", dijo Unda, que mostró escasa confianza en recuperarlo.
Desahuciados de Azkoitia
El consejero de Industria desveló ayer que la sociedad pública Sprilur envió el 15 de abril un requerimiento notarial a Epsilon Euskadi para que desaloje y devuelva las llaves de los cuatro pabellones que sigue disfrutando en Azkoitia, su ubicación original a la llegada del proyecto a Euskadi.
El requerimiento se produce un mes después de que Hiriko, otro proyecto vinculado con la automoción y como Epsilon muy apoyado por el PNV, abandonara las instalaciones de esta firma en el parque de Miñano.
Por dos de los pabellones que debe desalojar paga un alquiler "político" de 500 euros al mes, desveló Unda, y por los otros dos la Spri abona 190.000 euros al año, procedentes de un préstamo que vence en 2014 y por el que habrá que pagar "unos 830.000 euros", dijo en consejero.
Unda informó también de la celebración de una reunión con Epsilon la semana pasada. En ella la firma pidió poder permanecer en los pabellones de Azkoitia, cuyo abandono había constatado el Gobierno mediante un acta notarial, "para un negocio posible". En esa reunión el Gobierno trasladó a sus responsables "el malestar por mantener unos pabellones vacíos y no avisar", máxime cuando las condiciones en las que se le proporcionaron esos locales "fueron excepcionales". "No las tiene ninguna otra empresa, que sepamos", añadió. El Gobierno está dispuesto a ceder de nuevo los pabellones, pero a precio de mercado.
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