Plan de ajuste, año uno

Europa celebra su fiesta anual el 9 de mayo, una fecha que a partir de ahora será también recordada junto al aniversario del rescate financiero a Grecia. Fue bien entrada la noche del domingo, en 2010, cuando, tras meses de intensas negociaciones con el Gobierno de Atenas y después de vencer no pocas resistencias de los Gobiernos de Berlín y París, la Unión Europea abordaba finalmente una de sus deficiencias de origen -"no hay un mecanismo de rescate porque ningún país va a tener que ser rescatado dentro de la unión monetaria", se decía hasta entonces- y ponía en marcha una hoja de ruta para los rescates de aquellos países de la eurozona al borde de la quiebra.

También se cumple ahora un año del día en el que José Luis Rodríguez Zapatero hizo público el giro de 180 grados en su política económica y en lo que había sido su forma de encarar la crisis, bajo lo que Luis Garicano, catedrático de Economía de la London School of Economics, define como "una intensa presión de los mercados, de la Casa Blanca y de nuestros socios europeos". El Gobierno español, situado al borde del abismo, cedía a las presiones internacionales y ponía en marcha el mayor plan de ajuste de su historia reciente, con el que renegaba de las posiciones que había mantenido hasta entonces. El presidente del Gobierno lo reconocía algún tiempo después, en el pleno del Congreso con el que ponía fin a sus seis meses como presidente de turno de la UE: "Cambié de opinión por las circunstancias, no por convicciones". Las circunstancias, por lo que parece, jugaron a favor de la economía española.

"Sin más medidas no se cumplirá el objetivo de déficit", dice Pablo Vázquez Las dudas sobre el sector financiero presionan al alza la prima de riesgo

Pocos esperan, a estas alturas, alguna reforma de calado del mercado laboral

Nadie puede saber qué le hubiera pasado a España en caso de no haber adoptado aquel giro copernicano en la política económica, es solo una hipótesis. Pero la experiencia que han vivido desde aquel mes de mayo los países que estaban bajo la lupa de los mercados marcan una pauta muy aproximada. "Íbamos por una senda similar a la de Portugal, pero España reaccionó y tomó medidas", asegura Pablo Vázquez, director de Fedea. "Probablemente, hubiera habido un rescate. El escenario nos hubiera situado más cerca de Irlanda y Portugal que de Italia, que es donde estamos ahora", apunta desde Londres Antonio García Pascual, analista para el sur de Europa de Barclays Capital. Otras fuentes académicas subrayan las diferencias entre España y Portugal, su diferente estructura económica, "pero seguro que estaríamos al borde del rescate aunque no sé qué consecuencias políticas habría tenido eso en el caso español", apuntan.

Con semejante punto de partida, el consenso generalizado es que "el balance neto es positivo pero no óptimo", como resume García Pascual. Se han adoptado importantes medidas de consolidación fiscal, se han planteado reformas en materia de pensiones y mercado de trabajo y se ha abordado una reforma del sistema financiero que habría parecido imposible apenas dos años antes. Pero el saldo, claramente, no es uniforme. "Hay claras luces y sombras", aclara otro economista.

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el ajuste fiscal, con los 15.000 millones de euros que el presidente del Gobierno se comprometió a recortar en aquella histórica sesión parlamentaria del 12 de mayo de 2010. Para lograrlo, Zapatero no dudó en dar carpetazo a algunas de sus medidas estrellas (el cheque bebé de 2.500 euros para nuevos nacimientos), en bajar un 5% el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones, subir dos puntos el IVA, y más tarde el impuesto sobre el tabaco, y en pegar un tajo de 6.000 millones a los planes de infraestructuras. Gracias a todo ello, el déficit a finales de 2010 se redujo al 9,2% del PIB, dos puntos porcentuales por debajo del déficit de un año antes y un objetivo mucho más ambicioso que el fijado en enero de 2010 en el Programa de Estabilidad.

Ese resultado final oculta los problemas latentes. Los planes de ajuste aprobados hace un año por el Gobierno concentraban el mayor esfuerzo de consolidación fiscal en 2010 en la Administración central, mientras que serán las comunidades autónomas las que tendrán que llevar a cabo en 2011 un recorte de gastos "sin precedentes", según apunta el Observatorio Económico de abril del servicio de Estudios del BBVA.

Pese a la crisis, el gasto de las comunidades autónomas siguió creciendo en 2008 y en 2009. Solo en 2010, las regiones empezaron a ajustar las partidas de gasto aunque en conjunto registraron un déficit del 3,4%, incumpliendo el objetivo del 3,1% acordado. Un esfuerzo mayor del Gobierno central permitió cumplir el objetivo de déficit público para 2010, pero la meta del 6% para 2011 está en el aire. "Sin medidas adicionales no se va a cumplir. El gasto de las comunidades autónomas está desmadrado", sentencia Pablo Vázquez. Para Fedea, la clave del gasto autonómico pasa por implantar el copago en la atención sanitaria y extender el copago al gasto farmacéutico a las clases pasivas, pensionistas y jubilados. Todos los partidos, inmersos en la campaña electoral, han mostrado su rechazo a la medida.

Con o sin copago sanitario, Stephen Deo, el economista jefe para Europa de UBS, también coincide en que habrá que tomar medidas pronto. "El objetivo [del 6%] no es alcanzable con las actuales medidas. No obstante, lo mantenemos porque pensamos que se adoptarán planes correctivos. Una vez que pasen las elecciones regionales y locales del 22 de mayo, esperamos que se anuncien medidas adicionales, probablemente en junio".

Todo ello, añade Deo, siempre que el coste de la financiación -actualmente en torno al 5,22% para los bonos a 10 años- se mantenga en un nivel "decente". "Si España se financia a un nivel decente, tiene todas las posibilidades de tener éxito en la estabilización [de la deuda pública]. Por el contrario, si el mercado le pide una prima de riesgo excesiva, el déficit será difícil de reducir y España tendrá que pedir ayuda externa".

Ese coste de financiación depende, según la mayoría de los analistas, de cómo avance la reforma del sector financiero. Algunos expertos, como el profesor de Economía de la Universidad de Lovaina, Paul De Grauwe, señalaba en un trabajo del pasado mes de abril -"La gobernanza de una frágil eurozona"- que la prima de riesgo española estaba más condicionada por su pertenencia a una unión monetaria que por la situación de su sistema bancario y comparaba la situación española con la de Reino Unido.

La principal duda de los mercados gira en torno al verdadero alcance del agujero inmobiliario en los balances de bancos y cajas. "Aunque se están haciendo importantes cambios regulatorios, relacionados sobre todo con las cajas de ahorros, lo cierto es que no se está siendo tan agresivo como se debiera con las entidades no viables. No se ha recapitalizado el sistema con prontitud y contundentemente. Es razonable que el Banco de España quiera implicar al sector privado pero va muy retrasado. Y el retraso en la recapitalización repercute en costes de financiación más elevados para la deuda soberana y las instituciones de crédito", señala el analista de Barclays Capital.

El mundo académico coincide, básicamente, en sus críticas a la reforma. Que no se puede permitir, dicen, que los equipos directivos de las entidades intervenidas sigan en sus cargos ni que las cajas, a diferencia de los bancos, puedan cargar las pérdidas contra reservas y no contra resultados, lo que haría que muchas entraran en números rojos y forzaran con ello su intervención. Pero señalan que "el problema está acotado, que afecta como mucho a un tercio del sistema financiero español y que el coste es asumible". Equivalente a un 5% del PIB, según sus cálculos. En todo caso, por encima de los 20.000 millones estimados por el Banco de España.

Otras fuentes, sin embargo, cuestionan la oportunidad de la reforma, el momento elegido. Consideran que en una coyuntura como la actual reducir el número de entidades es una forma de reducir la disponibilidad de financiación para empresas y familias y que eso explicaría el descenso del crédito que se está produciendo en la economía española, como ha advertido esta misma semana el Banco de España, a diferencia de lo que sucede en el resto de las economías europeas.

Los mayores elogios de economistas, profesores y analistas al giro dado hace un año a la política económica tienen que ver con la reforma del sistema de pensiones, con la que se ha elevado la edad de jubilación a los 67 años -inamovible desde 1919 en los 65 años- y se ha ampliado a 25 años el periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión. "Constituye un avance importante en el proceso de adaptación del sistema público de pensiones de jubilación a la nueva realidad demográfica", advierte Fedea en una primera valoración de los cambios. "Lo más importante es que se abre la puerta a futuras reformas que deberán constituir la base de un sistema público de pensiones sostenible, equitativo y transparente para futuras generaciones", subrayan. Otro economista matiza la euforia. "Es sin duda la reforma que ha llegado más lejos, pero con un rechazo social apabullante", dice. El temor de este experto es la falta de liderazgo "político y social" que se percibe en la sociedad española, la resistencia a las reformas pese a la debilidad del crecimiento y la alta tasa de paro. "Corremos el riesgo de seguir el modelo italiano, de conformarnos con gestionar una miseria de crecimiento y acabar perdiendo competitividad y riqueza, lo que le ha sucedido a aquel país en la última década", remata con decepción.

Casi la misma que han suscitado los cambios en el ámbito laboral. José Ignacio Conde-Ruiz, Florentino Felgueroso y José Ignacio García-Pérez, de Fedea, concluyen que "el globo de la reforma laboral se ha desinflado sin apenas volar". El objetivo inicial de los cambios era combatir la dualidad laboral entre trabajadores con contratos fijos y temporales, pero en su informe los economistas señalan que el porcentaje de los contratos para el fomento de la contratación indefinida -con despido objetivo de 33 días por año trabajado- es ya similar al registrado antes de la reforma.

Más aún. Pese a la urgencia que podría imponer una tasa de paro que ronda el 21% de la población activa, dos de los pilares básicos de la reforma aprobada en junio de 2010 aún no han entrado en vigor. Por un lado, el reglamento que desarrolla las condiciones en las que el despido de un trabajador se limita a 20 días por año trabajado en caso de que la empresa haya entrado en pérdidas o se haya reducido considerablemente sus beneficios, todavía no se ha desarrollado. Eso supone que los jueces carecen de respaldo jurídico suficiente para aplicarla y no lo están haciendo. Por otro lado, el fondo austriaco de despido, un modelo en el que la prestación por desempleo es personal e intransferible y que, en caso de no ser utilizado, se recibe íntegro en el momento de la jubilación -lo que incentiva la búsqueda de empleo en caso de pérdida del puesto de trabajo-, aún debe recibir el dictamen de una comisión de estudio, cuyo informe debe analizar después el Gobierno. Claro que, dicen desde Fedea, "dar este paso adicional no tiene mucho sentido si se mantiene la dualidad laboral entre fijos y temporales".

A estas alturas, ya casi nadie espera "ninguna reforma de calado" en lo que respecta a la negociación colectiva, analiza otro experto laboral, pese a que parecía uno de los grandes pilares de la reforma laboral. Y eso que sindicatos y empresarios llevan meses discutiendo una reforma sobre la que mantienen posiciones enfrentadas y que ya ha agotado dos veces el plazo dado por el Gobierno.

Pese a las nuevas tensiones financieras que apuntan hacia el verano, los analistas descartan otro impulso reformista con medidas de calado por parte del Gobierno antes de las próximas elecciones generales, que se celebrarán en los próximos nueve meses. El plan de reformas que aprobó el Consejo de Ministros hace poco más de una semana les daría la razón. "Este año ha sido bastante mejor que los seis anteriores. Antes no se hablaba de reformas y se ha dado la vuelta a esa situación. Pero si alguien piensa que con lo hecho hasta ahora ya nos hemos salvado definitivamente, está muy equivocado", concluye Pablo Vázquez.