Reportaje:

Crónica de un rescate anunciado

La ausencia de reformas ha precipitado la salida externa a la crisis

Hace un año, apenas un día después del drástico programa de austeridad anunciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro portugués, José Sócrates, también socialista, presentaba un catálogo de medidas de ajuste, adicionales a las que habían sido aprobadas en marzo de 2010. A diferencia del vecino ibérico, el dirigente luso contó con el apoyo del conservador Partido Social Demócrata (PSD), principal grupo de la oposición. No faltaron voces que alabaron el aparente consenso político que había en Portugal en contraposición a la soledad del presidente español.

Sócrates presentó el aumento de impuestos (el IVA, el equivalente al IRPF y el impuesto de sociedades) y el recorte del gasto como medidas indispensables para ahorrar 2.100 millones de euros y reducir el déficit público de 2010 al 7,3% del PIB, por debajo del 8,3% previsto inicialmente por el Ejecutivo. El ajuste incluía la rebaja del 5% de los salarios políticos y cargos públicos, como el del gobernador del Banco de Portugal. Una medida que el primer ministro calificó de simbólica. Pedro Passos Coelho, líder del PSD, dijo, por su parte, que "el simbolismo es esencial en política".

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Hasta pocos días antes, Sócrates negaba cualquier posibilidad de un aumento de impuestos. "Era nuestro plan inicial... Pero el mundo cambió en los últimos 15 días por el ataque especulativo contra las economías de la zona euro. Tenemos que responder", dijo en aquella ocasión. La segunda versión del Plan de Estabilidad y Crecimiento, conocido popularmente como PEC II, debía tener vigencia hasta finales de 2011. El vuelo fue mucho más corto.

"A diferencia de España, Portugal postergó las medidas más duras", dice el economista Álvaro Santos Pereira, profesor asociado de la Universidad de Vancouver, que acaba de presentar en Lisboa el libro Portugal, la hora de la verdad, una documentada investigación sobre la crisis económica. "En mayo del año pasado, Portugal adoptó algunas medidas duras, pero mucho menos que las que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Seis meses después, recortó los sueldos de funcionarios, pero ni se planteó una reforma de la Administración pública. La tendrá que hacer ahora".

El 21 de septiembre, el primer ministro anunció un nuevo paquete de medidas de ajuste (PEC III) que forman parte de los presupuestos de 2011, aprobados en noviembre. La meta era entonces un ahorro de 5.120 millones, con una reducción del gasto y un aumento de los ingresos para lograrlo. La principal novedad era un tijeretazo de los salarios de los empleados públicos que cobraban más de 1.500 euros mensuales, cuyas nóminas se redujeron, de forma progresiva, entre un 3,5% y un 10%, y la subida de dos puntos del IVA para lograr el objetivo de rebajar el déficit público al 4,6% del PIB a finales de 2011.

El PSD permitió, al abstenerse, la aprobación de los presupuestos, pero las relaciones entre los dos principales partidos políticos estaban seriamente deterioradas. Era la última vez que el líder de la oposición apoyaba, por activa o por pasiva, al Gobierno de José Sócrates.

Los vientos de crisis política soplaban cada vez con más fuerza, alimentados por la creciente presión de los mercados y los negros augurios que dibujaban las agencias calificadoras de riesgo. Los tipos de interés de los bonos portugueses llegaban a niveles insostenibles, en torno al 10% en el caso de los títulos a cinco años. Portugal cerró el año 2010 con una deuda pública del 92,4% del PIB (10 años antes era del 50%), y una deuda líquida externa del 110%.

"Numerosos economistas de prestigio advertían desde hace seis meses que el rescate era inevitable. Los mercados lo sabían desde hacía un año. Por la descomunal deuda pública, el alto nivel de endeudamiento y el estancamiento de la economía", explica Santos Pereira. El Gobierno se resistió como gato panza arriba. El primer ministro repitió una y otra vez que Portugal no necesitaba ningún rescate. "Durante meses, el Estado ha pagado centenares de millones de euros en intereses adicionales y se ha arriesgado a perder reputación en los mercados internacionales". El terreno estaba abonado para la presión de los especuladores financieros, que obviamente han contribuido a la caída de las fichas más débiles del dominó europeo. "Ha habido mucha especulación, pero los países periféricos tenían unos desequilibrios internos y externos gravísimos. El estallido era una cuestión de tiempo", subraya el autor de Portugal, la hora de la verdad.

El Gobierno hizo un último intento y presentó un nuevo paquete de medidas de austeridad, que tenía el aval de la Unión Europea. Pero no del Parlamento portugués. El 23 de marzo, la oposición en bloque, desde la derecha a la izquierda radical, rechazó el llamado PEC IV. Sócrates dimitió aquella misma noche y el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, convocó elecciones anticipadas para el 5 de junio. El jefe de Gobierno en funciones creía posible llegar a los comicios sin pedir ayuda externa. Los bancos portugueses dieron la puntilla final, cuando anunciaron que no estaban en condiciones de comprar más títulos de deuda soberana. Estaba en riesgo todo el sistema financiero. Sócrates tiró la toalla, y el 6 de abril anunció al país que no tenía más remedio que pedir el rescate.

"En España, el Gobierno actuó con más rapidez, mientras que las autoridades portuguesas no percibieron la gravedad de la crisis y respondieron con parsimonia. Lo que los españoles hicieron en mayo, los portugueses no lo hicieron hasta septiembre", señala Santos Pereira. "A diferencia de los casos griego e irlandés, la crisis portuguesa es una crisis de competitividad. La economía no crece desde hace una década. Y es una crisis de endeudamiento público y privado".

Durante tres semanas, los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) han revisado en Lisboa las cuentas públicas y han mantenido reuniones con representantes del Gobierno, de la oposición conservadora, con empresarios, sindicatos, banqueros, académicos y otros sectores de la sociedad portuguesa. El resultado es un préstamo de 78.000 millones de euros para cubrir las necesidades financieras de Portugal en los próximos tres años y permitir su vuelta a los mercados pasado ese plazo. Las condiciones incluyen una detallada lista de duras medidas de ajuste y, sobre todo, varias reformas estructurales que ningún Gobierno había encarado hasta ahora.

Poul Thomsen, representante del FMI en las negociaciones, ha revelado que se encontró con la sorpresa de importantes partidas no contabilizadas en los presupuestos del Estado. No fue la única. También descubrió que el gasto creció después de la entrada de Portugal en el euro.

Thomsen ha citado el agujero negro que constituyen los proyectos de financiación público-privada (PPP), que se han convertido en vehículos poco transparentes a través de los que el Estado ha extendido sus tentáculos. Según el último informe de la Dirección General de Tesoro y Finanzas, a finales de 2009 los encargos plurianuales con PPP ejecutados, en fase de licitación o de proyecto alcanzaban la cifra de 48.000 millones de euros, una tercera parte del PIB. Unos cuantos puntos del plan de ajuste pactado con la UE y el FMI se encargan ahora precisamente de embridar esos proyectos.

El ajuste se extiende a casi todas las partidas de ingresos y de gastos del Estado. En resumen, suben casi todos los impuestos y se recortan casi todos los gastos, incluidos pensiones, sanidad y educación. Portugal se ve condenada a dos años más de recesión y a implantar un plan impuesto desde el exterior tras un año de no haber sido capaz de hacer los deberes por su cuenta.

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