Portugal inicia la penitencia

La crisis de la deuda pública soberana de la eurozona no está resultando un modelo de gestión para las autoridades e instituciones europeas. Un año después de su emergencia son tres ya los países rescatados (Grecia, Irlanda y Portugal), con importes ciertamente significativos (por un total de 273.000 millones de euros), y las cotizaciones de los correspondientes títulos no parecen darse por aludidas: las primas de riesgo de los bonos emitidos por los Tesoros de esos países parecen descartar desenlaces todavía más adversos. Quizá contribuya a ello la insuficiencia de crecimiento económico para asentar la solvencia en bases firmes, en cierta medida consecuencia de la severidad de las decisiones de ajuste presupuestario. Es el caso de Portugal.

La economía vecina se encuentra inmersa en una recesión en toda regla (con ritmos de contracción del PIB que superarán el 1,5% en 2011 y 2012), y en ese contexto, con el desempleo ascendiendo, tendrá que aplicar el severo recetario de ajustes derivado de los planes diseñados por la UE y el FMI, a cambio de los 78.000 millones concedidos en el paquete de rescate financiero. Aunque todavía no se conoce el tipo de interés efectivo que devengarán esos fondos, sí se saben algunas contrapartidas o condiciones relevantes. La congelación de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones hasta 2013 y el establecimiento de un impuesto especial sobre las pensiones superiores a 1.500 euros mensuales son algunas de las medidas que habrá de aplicar el próximo Gobierno que salga de las elecciones del 5 de junio, con el fin de reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013, desde el 9,1% en que cerró en 2010, tras revisar el 7% inicialmente aportado. La manifiesta debilidad de la demanda y confianza de las familias tampoco se verá reforzada por decisiones como la muy significativa reducción en la indemnización por desempleo y en el periodo correspondiente de percepción desde los tres años hasta ahora aplicables hasta 18 meses. Los proyectos de inversión pública en infraestructuras quedan bloqueados. Tampoco estimulan la inversión las exigencias impuestas sobre los recursos propios de los bancos, a cambio de la inyección del 15% del fondo de rescate. Se trata de una recapitalización tanto más necesaria cuanto más importante es el volumen de deuda privada, en torno al 240% del PIB.

Aun cuando el propio Sócrates trate de utilizar como argumento electoral que el plan aplicable es el menos duro de los tres países rescatados (no incorpora reducción salarial de los empleados públicos, ni del salario mínimo), lo cierto es que no será precisamente favorecedor de un crecimiento económico a corto plazo. No ha de servir de consuelo el hecho de que esa economía apenas haya crecido un 1% en la década que concluyó en 2007, cuando se inicia la crisis financiera y económica global. Casi tan importante o más que la adopción de severos recortes en rentas e inversión pública debería ser la adopción de reformas tendentes a fortalecer las habilidades de una fuerza de trabajo manifiestamente mejorable si se pretende que la recuperación sea propiciada por un aumento de la competitividad exterior. Es de esperar que, a pesar de su rescate, Portugal seguirá generando más escepticismo que buenas expectativas. Y eso no es bueno para la economía española.