Valoración de un año de reformas

El esfuerzo de este año de reformas ha cosechado su mayor éxito al reducir el déficit público, pero ha fracasado parcialmente a la hora de sanear el sector financiero y completamente en la implementación de las reformas estructurales necesarias para elevar el potencial de crecimiento de la economía española.

- Consolidación fiscal. Las prioridades aquí eran reducir el déficit y estabilizar la deuda pública para facilitar la financiación de la deuda externa de la economía española. El Gobierno anunció el 12 de mayo un plan de austeridad con el objetivo de reducir el déficit al 9,3% del PIB. Este plan incluía una reducción salarial en las Administraciones públicas del 5% en 2010 y congelación en el 2011, una congelación de la contratación en el sector público, una reducción en la inversión pública y la eliminación del cheque bebé. El objetivo de déficit se cumplió (9,2% al final), pero el carácter temporal y reversible de estas medidas hace imposible calificarlas de reformas.

Pese a los cambios sustantivos en algunas áreas, faltan reformas que generen crecimiento

Para reducir el déficit estructural, el Gobierno introdujo en marzo pasado una reforma del sistema de pensiones, con un progresivo aumento de la edad de jubilación a 67 años, su indexación a la esperanza de vida desde 2027 (una propuesta clave de los economistas ligados a FEDEA) y restricciones a la jubilación anticipada. Sin resolver completamente el problema, esta reforma introduce mecanismos de ajuste para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Por otro lado, el déficit antes de intereses, del 7,3% en 2010, es aún el doble que el de Grecia y mayor que el de Portugal, y la presunta incapacidad del Gobierno para hacer cumplir los techos de gasto autonómico provoca sudores fríos en los mercados. A medio plazo, la adaptación de la Sanidad al cambio demográfico, como propusimos en el informe FEDEA-McKinsey de 2009, queda aún pendiente. Finalmente, dotar de solidez a las finanzas públicas de manera más permanente requiere cambios en el marco operativo de la política fiscal tales como reglas de gasto.

- Saneamiento del sector financiero. Con mucho retraso (tras el paso en falso del FROB I en junio de 2009, la Ley de Cajas en julio de 2010 y el FROB II de febrero de 2011), se ha producido una transformación del sector financiero vía fusiones (de 45 cajas a 17, contando SIPS), un incremento sustantivo de la transparencia de los balances bancarios y una subida importante de los niveles mínimos de capital.

Pero también en esta área queda mucho por hacer. Las cajas con problemas son las que han tenido un gobierno corporativo menos profesional. Desgraciadamente, poco ha cambiado en ese ámbito pese a la declarada intención de la ley de julio de 2010. Además, el reconocimiento de pérdidas, principalmente inmobiliarias, y la recapitalización del sector están aún por producirse. Esta falta de reconocimiento de pérdidas ha retrasado el ajuste inmobiliario, que hubiera permitido la reactivación del sector y favorecido la concesión de créditos a empresas viables en vez de a inmobiliarias insolventes.

- Reformas estructurales para incrementar el crecimiento económico. La salida de la crisis requiere un aumento sustancial de la productividad y la competitividad de la economía española. Mejorar la formación del capital humano y su uso en el mercado de trabajo es fundamental. Solo con reformas decididas del sistema educativo y del mercado de trabajo y de productos se podrán alcanzar esos objetivos. En la formación de capital humano nada ha cambiado. El sistema educativo español vive instalado en la mediocridad, sin aparente demanda social de los padres para resolver un problema crucial en una economía globalizada.

En materia laboral, la reforma iniciada en junio de 2010 contiene medidas poco coherentes con los objetivos que pretendía alcanzar (la reducción de la temporalidad y el aumento de la flexibilidad interna en las empresas). El Gobierno se quedó en el peor de los mundos posibles, al incurrir en un alto coste político por hacer una reforma laboral, pero no conseguir el apoyo necesario en el partido socialista para hacer los cambios necesarios que, como se proponía en el llamado Manifiesto de los 100, pasa por cambios sustanciales en la contratación (contrato único), en la negociación colectiva (descentralización) y en las políticas de empleo activas (formación e intermediación). Con la reforma aprobada, el sistema de contratación laboral vigente sigue produciendo excesiva dualidad y la adaptación de las empresas a cambios en las condiciones económicas continúa estando muy limitado, lo que se traduce en más temporalidad y más desempleo.

Por último, como mostramos en el más reciente informe FEDEA-McKinsey, de diciembre pasado, el incremento de competencia y la reducción de las barreras de entrada en los mercados, especialmente en los servicios profesionales, pueden generar muchos empleos. Es importante que se lleven a cabo reformas sustantivas en esta dirección, pero ni la Ley de Economía Sostenible ni la Transposición de la Directiva de Servicios de la UE han supuesto avances importantes.

En definitiva, el costoso esfuerzo político que ha hecho el Gobierno ha resultado en cambios sustantivos en algunas áreas (pensiones, consolidación del sector financiero), pero es necesario terminar el saneamiento del sector financiero y faltan reformas decididas que generen el crecimiento que hace falta para crear empleo y para hacer frente al elevado endeudamiento público y privado. Para esto, las reformas del sistema educativo y del mercado de trabajo son centrales.

Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics y director de la Cátedra McKinsey de FEDEA.