Correa celebra un referéndum que le permitirá controlar la justicia

El presidente ecuatoriano Rafael Correa pretende darle una vuelta de tuerca a la Constitución aprobada en 2008 para afianzar su poder y tener el control del único sistema que le falta: el judicial. Para ello ha recurrido a su arma favorita: el referéndum. Correa aún cuenta con más del 50% de popularidad tras poco más de cuatro años de gobierno y sabe que será muy difícil que pierda la consulta popular que se celebra hoy y con la que busca legitimar su deseo de poner a la justicia y a la prensa a su merced.

La consulta es en todo caso curiosa. La papeleta tiene 10 preguntas que van desde los cambios en la estructura judicial, la creación de una figura de control pública sobre lo que revelan los periodistas, hasta la prohibición de las corridas de toros y de los casinos.

El Gobierno prevé un amplio respaldo en la consulta popular de hoy

Respecto de la reforma judicial, el referéndum plantea la sustitución del actual Consejo Judicial, máximo órgano del sistema y quien nombra a los más altos magistrados, por una comisión técnica integrada por tres delegados designados por el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y por la Función de Transparencia y Control Social -los tres responden al presidente- para que en un plazo de 18 meses reformen el sistema a la medida de Correa. Acabado el periodo, la comisión elegirá un Consejo Judicial con cinco miembros por un periodo de seis años.

El plan ha generado una fuerte protesta tanto en la aún débil oposición como en círculos antes afines al Gobierno, que ven en la consulta la consagración del modelo autoritario de Correa.

El presidente defiende su referéndum aduciendo que va a "meterle mano a la justicia pero por el bien del pueblo". Considera que la reforma planteada por su Gobierno, en caso de ganar el sí, permitirá superar la grave crisis que atraviesa la administración de justicia, la cual ha favorecido una peligrosa y violenta escalada de la criminalidad en todo el país.

El Gobierno también pide el sí de los ecuatorianos para cambiar los plazos para la caducidad de la prisión preventiva y aplicar medidas sustitutivas a la cárcel únicamente para los delitos "menos graves".

El otro tema polémico de la consulta popular es el planteamiento explícito de la conformación de un comité de vigilancia para controlar la difusión de contenidos en los medios de comunicación, ya que según Correa, "en todo el mundo" existen instancias similares.

La pregunta de la consulta es la siguiente: "Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo con que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?".

Con esta consulta el Gobierno pretende evitar, además, que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan acciones en empresas que no correspondan al ámbito para el que trabajan.

Los periodistas se lanzaron el pasado martes -día mundial de la libertad de prensa- en protesta contra la consulta con pancartas y camisetas con mensajes como "Ni miedo ni silencio" o "Periodismo sin ataduras". Durante la manifestación se recordaron hechos históricos y casos de corrupción que fueron desvelados por investigaciones periodísticas. El presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, reivindicó el valor de la libertad de prensa y ratificó que no se puede hablar de gobiernos democráticos cuando se ponen trabas a ese derecho.

Tanto la intención de la reforma del sistema judicial como las cortapisas a la libertad de prensa coinciden con una serie de demandas judiciales del propio Correa contra medios como el diario El Universo de Guayaquil y periodistas que han revelado casos de corrupción en el Gobierno, sobre todo los contratos millonarios adjudicados al hermano del presidente, Fabricio Correa.