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Barbacid paraliza el desarrollo del fármaco contra el cáncer de pulmón

Ciencia rechaza por "ilegal" la financiación privada prevista por el investigador - El proyecto del CNIO puede ser abordado ahora por farmacéuticas extranjeras

El laboratorio de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid, ha identificado en ratones una diana (c-Raf) óptima para dirigir contra ella nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón. El desarrollo de esas moléculas, sin embargo, se ve frenado por discrepancias con el Ministerio de Ciencia e Innovación, que juzga "ilegal" la fórmula elegida para captar 10 millones de financiación privada. Publicado el trabajo, el proyecto puede ser abordado por farmacéuticas de fuera de España.

Una diana es una proteína del cuerpo que resulta esencial para el desarrollo de un tumor, y que por tanto es óptimo para dirigir fármacos contra ella. Barbacid y su equipo acaban de demostrar en ratones que la proteína c-Raf es imprescindible para las células malignas de un tipo muy común de cáncer de pulmón, que da cuenta del 25% de los casos humanos. Los ratones que carecen de c-Raf están protegidos.La inactivación de c-Raf se consigue por unos métodos genéticos que son inaplicables a los humanos. Pero, una vez identificada la diana, se pueden buscar moléculas que la inactiven, es decir, candidatos a fármacos contra el 25% de los cánceres de pulmón.

El científico se queja: "Luego lamentamos que no entra capital privado en I+D"

El trabajo, publicado en Cancer Cell, "implica que podremos inhibir la quinasa c-Raf con inhibidores selectivos sin que se produzcan efectos tóxicos en el paciente", dice Barbacid, "asumiendo, por supuesto, que estos resultados genéticos obtenidos en ratones sean extrapolables a seres humanos; los inhibidores de c-RAF no tendrían que ser 100% selectivos -muy difícil de conseguir en los inhibidores de quinasas-, ya que una inhibición colateral de otras quinasas similares tampoco tendría consecuencias negativas, según nuestros resultados".

Rastrear millones de moléculas contra una diana es la actividad central de la industria farmacéutica, pero el CNIO también tiene un Programa de Terapias Experimentales que lleva funcionando cinco años con dinero público, y ya ha desarrollado algunos candidatos a fármacos contra otros tipos de cáncer. "La trascendencia de los resultados", dice Barbacid, "había planteado la posibilidad de que ese programa iniciara el proceso para obtener la síntesis de inhibidores de c-Raf; desgraciadamente, a finales de 2010 el Ministerio decidió no renovar su financiación, pese a haber generado ya moléculas de alto interés terapéutico contra otras dianas moleculares".

La alternativa obvia es financiar ese proyecto con fondos privados, pero ha chocado con obstáculos legales. "El ministerio", según el científico, "no ha permitido la llegada de 10 millones de euros de financiación privada debido a un informe jurídico que interpreta que una fundación pública no puede establecer acuerdos que impliquen su participación en una sociedad mercantil".

"Es irónico", dice Barbacid, "que sean las propias normas de la Administración las que impidan poner en marcha un proyecto tan innovador como este, incluso sin que le cueste un euro al Estado; luego nos quejamos de que no hay participación privada en proyectos de I+D; esto no tiene sentido, algo habrá que cambiar".

Fuentes de Ciencia e Innovación creen "desafortunadas" las declaraciones de Barbacid. Dicen que el proceso de negociación "está abierto" para buscar formas alternativas de financiación privada. El problema, explican, es que la fórmula elegida por el científico para atraer ese dinero es "ilegal", según han determinado los informes encargados tanto a la abogacía del Estado como a la firma de abogados Garrigues.

La fórmula que propone Barbacid es la constitución de una agrupación de interés económico (AIE) para explotar las patentes conseguidas por el CNIO. Según los informes jurídicos, una fundación pública no puede formar una AIE. Barbacid aduce otros dos que dicen lo contrario, uno de Gómez Acebo y Pombo y otro de Enrique Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de mayo de 2011