Advertencia europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado contraria al derecho comunitario la ley de 2009 con la que, a iniciativa de Silvio Berlusconi, el Parlamento italiano convirtió en delito la inmigración ilegal. La sentencia viene a demostrar que las instituciones europeas aún disponen de mecanismos para desmantelar iniciativas populistas como esta norma, que preveía penas de prisión entre uno y cuatro años para los trabajadores extranjeros que permanecieran en territorio italiano tras recibir una orden de expulsión. El ministro del Interior, Roberto Maroni, ha reaccionado apelando al sentimiento nacionalista, al decir que el tribunal impide a Italia lo que, sin embargo, autoriza a otros miembros de la Unión.

La decisión del tribunal llega en un momento oportuno, coincidiendo con la tensión entre Francia e Italia, momentáneamente desactivada tras la reciente cumbre de Roma, a cuenta de los tunecinos llegados a la isla de Lampedusa. La arbitrariedad que se esconde detrás de algunas leyes populistas como la que acaba de ser invalidada ha quedado repentinamente al descubierto: al Gobierno de Berlusconi no se le ocurrió, por fortuna, dictar ninguna orden de expulsión contra los tunecinos, colocándolos en situación de incurrir en delito, sino que les concedió un visado de seis meses con la intención de trasladar el problema a Francia. Los aspavientos de dureza expresados a través de leyes aberrantes son, en realidad, mecanismos para que los Gobiernos puedan desentenderse de las garantías exigidas por el Estado de derecho, como se ha visto en este caso.

El endurecimiento de la política europea de inmigración no sirvió en su día para reducir el flujo de trabajadores que buscaban entrar en los países de la Unión. Su único efecto fue colocar en el centro del debate político de los Veintisiete un género de preocupaciones que hasta entonces había constituido la principal bandera de partidos marginales. Hoy, el mal ya está hecho, y estos partidos están experimentando inquietantes avances electorales en toda Europa. Con la agravante de que los flujos que se pretendían contrarrestar se han reducido drásticamente como consecuencia de la crisis económica. El monstruo que se creó para combatir un fantasma sigue vivo una vez que el fantasma se ha desvanecido.

En una crisis institucional y de liderazgo como la que atraviesa el proyecto europeo, la decisión del Tribunal de Justicia supone una severa advertencia acerca de los riesgos que conlleva establecer la agenda política de la Unión con los criterios populistas vigentes en los últimos años. Mientras duró la bonanza económica, la prioridad no era la inmigración, sino la legalidad del empleo. Ahora que las tornas han cambiado, es el empleo mismo, además de su legalidad, lo que aparece como el principal problema. Tanto para los europeos como para los trabajadores extranjeros.