El portavoz de Ipcena, absuelto de delito urbanístico

El Juzgado de lo Penal número 1 de Lleida ha absuelto de un delito urbanístico al portavoz y secretario general de la organización ecologista Ipcena, Joan Vázquez, al considerar que el edificio que construyó en un paraje rústico de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) no está destinado a vivienda, sino que es un almacén agrícola que se ajusta a la licencia concedida.

En el juicio celebrado el pasado día 5, el fiscal pidió un año de prisión para Vázquez y una multa de 7.000 euros por un presunto delito contra la ordenación del territorio. El fallo hecho público ayer absuelve al dirigente ecologista con todos los pronunciamientos favorables y señala que, aunque su actuación puede ser ilícita, no es merecedor de sanción penal.

La sentencia considera probado que el 28 de diciembre de 2000 Vázquez solicitó licencia de obras al Ayuntamiento de Sant Esteve de la Sarga para la construcción de un cobertizo agrícola con una superficie de planta de 70 metros cuadrados, de dos plantas, la primera destinada a almacén y la segunda a pajar, en una parcela de suelo no urbanizable. El Consistorio otorgó la licencia el 25 de febrero de 2001 y después la Agencia Catalana del Agua autorizó las obras. El acusado también solicitó licencia para construir en su finca un centro de educación ambiental del Montsec.

Diferencias mínimas

El magistrado, tras examinar las pruebas testimoniales y periciales, concluye que los hechos no son constitutivos de infracción penal, puesto que "la edificación finalmente ejecutada se llevó a cabo con arreglo al proyecto para el que se obtuvo la licencia de construcción aprobada por la corporación municipal y que las diferencias entre el proyecto y la construcción resultan ser mínimas".

El fallo señala que, aunque aparentemente la construcción ejecutada no se asemeje exteriormente a un simple almacén, sino a una masía, como la calificó la acusación, no existe ninguna otra prueba, directa o por indicios, de la que pueda deducirse un destino ajeno al proyectado. La acusación se basó en los informes elaborados por dos inspectores de la Dirección General de Urbanismo, según los cuales la edificación no se ajustaba a la licencia municipal por tener mayor superficie construida, uso de vivienda y una planta más de la autorizada. En cambio, el juez concede más veracidad a los peritos de la defensa que a los inspectores.