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Un bombero pierde el DNI en una protesta y acaba expedientado

El Ayuntamiento tomó sus datos y le acusa de agredir a dos policías locales

Perder el DNI es una faena. Perderlo en medio de una manifestación y que el extravío sirva como base para acusarte de causar disturbios es mucho peor. Le ha ocurrido a Yago Abad, un bombero de 34 años al que el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente por agredir, presuntamente, a dos agentes de la Guardia Urbana y provocar desórdenes. Abad, delegado sindical, fue uno de los 250 bomberos que el pasado 2 de febrero se manifestaron en la plaza de Sant Jaume para pedir mejoras laborales. La protesta acabó con incidentes cuando la policía local impidió el acceso de los bomberos al Consistorio y esos arrojaron huevos a los agentes.

Abad, que ayer declaró en dependencias municipales arropado por sus compañeros, perdió la cartera en la trifulca. Según su versión, el Ayuntamiento aprovechó esa circunstancia para tomar sus datos y acusarle de hechos que, dice, no protagonizó. "Me llamaron para decirme que había perdido la cartera. Yo ni me había dado cuenta. Quedé con un agente de la Guardia Urbana en irla a buscar, pero entonces me dijo que se la había quedado el intendente de UPAS" (los antidisturbios de la Guardia Urbana.

Abad dice que el Consistorio le señala solo porque halló su carnet de funcionario

El bombero expedientado afirma que los documentos de su cartera (entre ellos, el carnet de funcionario) son el único apoyo del Consistorio para acusarle. Según las diligencias policiales, los dos agredidos (el intendente y un inspector) vieron que Abad perdió la cartera e intentó recuperarla. Los informes añaden que existe una grabación de vídeo en la que se aprecia el intento de agresión. El bombero asegura que tal grabación no existe porque no se le ha mostrado.

Con la cartera de Abad en la mano, la Guardia Urbana le denunció ante los Mossos d'Esquadra y el Ayuntamiento le expedientó. La cartera le fue devuelta cuatro días después. El bombero tiene dos problemas. Uno, penal: un juez de Barcelona investiga si cometió las agresiones y los desórdenes. El otro, administrativo: afronta una sanción grave que podría dejarle suspendido de empleo y sueldo entre dos semanas y un año.

"Me encuentro indefenso, porque el Ayuntamiento tiene la directriz de ir a por nosotros", dice Abad. Coincide con él Oriol Salvador, portavoz de la coordinadora de convenio, quien denuncia que en los últimos meses se han abierto expedientes a bomberos de Barcelona para intentar silenciar las protestas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de abril de 2011