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Crónica:

El Gobierno de la marcha atrás

Rectificaciones como la de la rebaja del IRPF han sido una constante desde que Artur Mas llegó a la Generalitat

Hasta ahora ningún presidente de la Generalitat catalana había tenido que lidiar con miles de funcionarios exigiendo desde la calle su dimisión tras apenas 100 días en el cargo. Artur Mas tuvo que hacerlo la semana pasada y todo apunta a que la escena se repetirá en un verano muy caliente en Cataluña. Los recortes en sanidad y educación, que ya han comenzado con el cierre preventivo de plantas enteras en los hospitales, no se han entendido en Cataluña. El Gobierno de CiU admite "problemas de comunicación", pero en el fondo lo que ha habido es una cascada de anuncios de recortes futuros sin un hilo conductor y sin que el Gobierno los priorizara.

Los recortes mal planteados, acompañados de anuncios de rebajas de impuestos, son el principal problema que ha tenido el Ejecutivo de CiU, pero los anuncios grandilocuentes y las rectificaciones se han sucedido desde el principio de la legislatura en todos los aspectos.

- 80 por hora. La medida estrella inicial del Gobierno de CiU, acabar con la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona, tuvo que ser rectificada nada más anunciarse. La Generalitat defendía que las restricciones de velocidad impuestas por el tripartito eran inútiles porque no estaba demostrado que la velocidad de los coches influyera en el grado de contaminación atmosférica, discurso que tuvo que cambiar en apenas una semana. En enero, un potente anticiclón obligó a retrasar la flexibilización de la velocidad por motivos ambientales. La promesa ahora es rebajar los límites de velocidad cada vez que lo requiera el grado de contaminación.

- Finanzas de la Generalitat. Los recortes sociales se sostienen sobre la teoría de que las finanzas catalanas se encuentran en situación de quiebra técnica. Para convencer de ello el Gobierno de CiU recurrió al alarmismo en las primeras semanas de legislatura. El número dos de Convergència, Oriol Pujol, llegó a decir que la Generalitat tenía problemas para pagar las nóminas de los funcionarios porque el tripartito había dejado "la caja vacía". Todo ello provocó que el grifo del crédito se cerrara más para el Ejecutivo catalán y el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell acabó por dar marcha atrás asegurando: "Los puestos de los funcionarios no están en peligro y la tesorería de la Generalitat se encuentra en una situación normal".

- Impuesto de sucesiones. CiU llevaba en su programa electoral la "eliminación inmediata" del impuesto de sucesiones y donaciones. Consciente de que la situación financiera de la Generalitat es poco sostenible, el secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, explicó que la eliminación de sucesiones sería parcial y que se mantendrían las cotizaciones para las herencias de tercer grado (primos, tíos, sobrinos...). Tras muchas presiones internas, especialmente por parte de Unió Democràtica, el socio minoritario de Convergència i Unió, la Generalitat optó por la eliminación total. Eso sí, el impuesto de donaciones se mantendrá hasta que la economía mejore.

- El bolsillo de los médicos. Los recortes sociales han incendiado las relaciones entre el sector sanitario y el Gobierno de CiU pero la cerilla definitiva la encendió el consejero de Salud, Boi Ruiz, que acusó a los médicos de velar más que nada por sus sueldos. Artur Mas tuvo que desmentirle para intentar frenar las movilizaciones. "Los médicos no son malos ni miran por su bolsillo más que otras personas", dijo.

Insumisión política

Los recortes y las constantes rectificaciones del Gobierno de Artur Mas han venido acompañados de una política de insumisión a las decisiones del Gobierno central -como la reducción de las tarifas del transporte público- y de la Justicia. Ya antes de proclamarse presidente, Artur Mas adelantó que no pensaba cumplir la sentencia del Supremo que eliminaba, en la práctica, la inmersión lingüística en las escuelas. Con el Parlamento autónomo ya constituido, CiU ha llegado a votar contra el cumplimiento de la sentencia y contra los tribunales que hagan interpretaciones restrictivas del uso del catalán. Además, mantiene firmemente que no se debe dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. Artur Mas también ha apoyado la consulta soberanista de Barcelona con el argumento de que lo hacía "a título personal". Sin embargo, su apoyo a la iniciativa se desdibujó cuando la semana pasada CiU tuvo que votar sobre una eventual secesión de Cataluña.

Estas actitudes contrastan con el papel de CiU en el Congreso bajo la tutela de Josep Antoni Duran Lleida. Los nacionalistas catalanes defienden alcanzar acuerdos puntuales con el Gobierno, lo que provoca incomodidad en Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de abril de 2011

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