El ciudadano Mas y la agitación política

Uno de los deberes de un jefe de Gobierno es respetar los procedimientos de la democracia, ejercer como guía seguro en todo lo que a ellos se refiera y evitar lo que pueda confundir a la ciudadanía. Lamentablemente, esta no ha sido la pauta seguida por el presidente Artur Mas en relación con la campaña independentista mal llamada "consulta popular". Para justificar en el Parlament su intervención en ella, no se le ocurrió otra cosa que apelar a su "derecho al voto" como ciudadano particular. ¿Cómo puede incurrir en semejante confusión conceptual un demócrata que ocupa cargos de máxima responsabilidad institucional? Es algo insólito.

Desde el primer momento los promotores de esa campaña siguieron la táctica de utilizar la terminología propia de un referendo legal: censo, votos, electores, urnas, colegio electoral, etcétera. El universo mediático nacionalista les siguió la corriente, en una indisimulada contribución a la campaña. Pero una cosa es la opción de los medios y otra muy distinta que el presidente del Gobierno catalán se prestara a confundir la movilización propagandística con una consulta legal. Y que luego apelara al derecho al voto para justificar su participación en ella. No había una verdadera convocatoria electoral, luego no podía haber derecho a voto. Oír en el Parlament tal confusión en boca del presidente produce, una vez superado el pasmo, vergüenza ajena. Porque supone una deslealtad institucional y una utilización tendenciosa del cargo. Hacer propaganda política también es un derecho. Pero es otra cosa.

El presidente de la Generalitat confunde en el Parlament el derecho al voto con el derecho a la propaganda

Mas defendió en el Parlament, además, la insostenible teoría de que su actividad como presidente de la Generalitat es distinta de su actividad política como ciudadano particular. Este argumento apenas disimula, sin embargo, su carácter de mera excusa. Cierto es que la intervención de Mas en la campaña se hizo sin fotógrafos ni cámaras de televisión, pero el hecho fue rápidamente dado a conocer a la prensa y logró, claro está, una amplia difusión en los medios de comunicación. Por si quedaban dudas de que este era uno de los objetivos perseguidos, el secretario general de CDC, Oriol Pujol, se jactó públicamente el pasado día 15 en la sede de los organizadores de la campaña de que la publicitada participación de Mas y de Jordi Pujol habían sido una "ayuda" a su éxito.

No queda ahí la cosa. El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, desató una airada polémica entre nacionalistas a propósito de la participación de la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, en la susodicha campaña. Explicó que la número dos del Gobierno, que lo es también de Unió, había votado no en ella. Los partidarios de la independencia en la coalición de CiU le afearon inmediatamente que hubiera roto una de las condiciones esenciales de toda elección democrática, el secreto del voto. Entonces sucedió lo más surrealista y al mismo tiempo lo más significativo de todo este episodio. Por increíble que parezca, tanto los protagonistas como muchos de los comentaristas que participaron en la controversia ¡polemizaban como si, efectivamente, se tratara de votos de verdad! ¡Discutían como si la participación en el simulacro fuera lo mismo que el ejercicio del voto en unas elecciones! Duran incluso acabó admitiendo que había cometido un error al dar a conocer el sentido del voto de Ortega.

Este lance tiene la virtud de mostrar la dualidad en que vive el nacionalismo catalán. Protagonista principalísimo del desarrollo de la autonomía de Cataluña, el partido de Artur Mas se siente cada vez menos implicado en su defensa y desarrollo y tiende a considerarlo como un mero instrumento para promover la independencia. Ni que decir tiene que se trata de una posición legítima, pero implica un notable grado de insinceridad en la actuación política. Viene a dar la razón a quienes, más allá del Ebro, no se fían de él. Como si, 30 años después, el Rey Juan Carlos hubiera acertado al excluir a Convergència de la cita con los partidos tras el golpe de Estado de 1981, aquella exclusión de la que todavía se quejaba hace un mes Pujol en la conferencia en la que el viejo autonomista explicó su conversión al independentismo. ¿Causa o efecto?