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ANÁLISIS

Bombas españolas con efecto retardado

"En la actualidad este país no está sometido a embargo alguno, dado que en septiembre de 2003 se levantó el embargo de armas, comercial y financiero, impuesto en 1992 por Naciones Unidas, y en octubre de 2004 la UE levantó su embargo de 1986. El Gobierno de Libia ha declarado su renuncia y [prometido el] desmantelamiento de los programas de armas de destrucción masiva, ya ha colaborado con el OIEA [Organismo Internacional para la Energía Atómica] y con los inspectores internacionales en la verificación de dicho desmantelamiento". La nota figura en el informe de la Secretaría de Estado de Comercio sobre las exportaciones de material de defensa y doble uso en 2008 y trata de justificar el hecho de que, en dicho año, Libia fuera uno de los mayores clientes de material español de doble uso, con 11,2 millones de euros; en concreto, sustancias químicas y radares.

El mismo informe daba cuenta, sin embargo, de otra operación que, por su menor volumen, pasó inadvertida. La venta al Ejército libio de una partida por valor de 3.823.500 euros, englobada en la categoría aduanera correspondiente a "bombas, torpedos, cohetes y misiles".

Ahora se ha sabido que buena parte, si no la totalidad, de esa partida estaba formada por bombas de racimo MAT-120, fabricadas por la empresa española Instalaza, que el régimen de Gadafi está utilizando en su asedio contra la ciudad de Misrata, según ha confirmado The New York Times. Los MAT-120 son proyectiles de mortero con 21 submuniciones de efecto contracarro y fragmentación.

Un portavoz de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior ha asegurado que "España cumple con todo rigor la convención que prohíbe las bombas de racimo y no las ha exportado tras su entrada en vigor". En efecto, la convención, suscrita en diciembre de 2008 en Oslo (Noruega) por casi 100 países, entró en vigor el 1 de agosto de 2010. Pero mucho antes, el 11 de julio de 2008, el Gobierno español había aprobado una moratoria unilateral sobre el empleo, producción, adquisición y venta de este armamento.

El problema es que las licencias de venta a Libia se concedieron en 2007 y la exportación se materializó en 2008, muy probablemente antes de julio. Para entonces, el debate internacional sobre la convención estaba muy avanzado. Inicialmente, España intentó evitar que el veto afectase a las granadas de Instalaza y a las bombas de aviación de Expal. Propuso, por ejemplo, que se excluyeran de la prohibición general las municiones que incorporasen un mecanismo de autodesactivación, como la MAT-120.

Sin embargo, a mediados de 2008, el Gobierno dio un giro de 180 grados y se puso en cabeza de los países que abogaban por la proscripción total de este armamento, equivalente a las minas antipersonales, ya que disemina sus municiones por una amplia zona y se ceba especialmente con niños y civiles.

El cambio provocó un choque con Instalaza, que todavía hoy mantiene la publicidad del MAT-120 en su página web "para mostrar el nivel tecnológico alcanzado en la seguridad y fiabilidad de esta munición". La compañía añade que, "como es obvio, acata las decisiones del Gobierno de España y las cumple escrupulosamente"; por lo que cabe suponer que ya no la fabrica ni la vende. Coincidiendo con la prohibición, Instalaza entró en crisis y el futuro de su fábrica de Zaragoza está pendiente de un convenio urbanístico para construir 160 viviendas.

Como había prometido la ministra de Defensa, Carme Chacón, España se convirtió, en marzo de 2009, en el primer país del mundo en destruir su arsenal de bombas de racimo. Se invirtieron unos cuatro millones de euros en eliminar 5.589 municiones, 4.600 granadas, 6.000 bombas y 400 proyectiles antipista en manos del Ejército español. Lo que obviamente no se destruyó es la partida que había comprado Gadafi y que, tres años después, está utilizando para atacar a su población. La misma a la que han ido a proteger los cazas F-18 españoles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de abril de 2011