Mandos y agentes polemizan sobre el 'informe Faisán'

El mismo día en que el equipo de investigación policial liderado por el inspector Carlos Germán remitía al juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional su informe final sobre el caso Faisán, su jefe directo, el director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico, le entregaba un informe paralelo que refutaba sus principales conclusiones. Fernández-Chico, por mandato judicial, ha sido jefe directo de tal equipo investigador desde el inicio de las pesquisas judiciales.

Fernández-Chico no rechaza, expresamente, que pudiera haberse producido un chivatazo policial al etarra Joseba Elosua, pero niega que tuviera intencionalidad política y que sus autores fueran necesariamente los que señala el informe del equipo de Germán: el ex director general de la Policía Victor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros.

El mando considera que el investigador plantea hipótesis sin base real

Por encima del inusual rapapolvo oficial adjuntado al informe de Germán, lo más significativo es que Fernández-Chico sostiene que la investigación de su subordinado dista de haber agotado todas las pesquisas que precisaría una misión de este calado, como es que se analicen todas las llamadas entrantes por antenas francesas. Germán, en su informe sobre el chivatazo, no duda que "la naturaleza del móvil es política y se articula en el marco de proceso de negociación". Por el contraio, Fernández-Chico considera que tal conclusión "es aventurada, al no estar sustentada en hechos concretos de la investigación".

Sobre los autores del soplo, Fernández-Chico proclama que "en el informe [de Germán] existen numerosas referencias a miembros del Cuerpo Nacional de Policía (principalmente al jefe superior del País Vasco y al inspector José María Ballesteros) a quienes se presenta como autores inequívocos de los hechos, sin que los mismos hayan sido declarados judicialmente como tales, considerando que las apreciaciones de los investigadores van más allá de lo que debe constituir la praxis policial en supuestos de esta naturaleza".

Germán sostiene en su informe final que el chivatazo frustró un operativo contra ETA y su aparato de extorsión, posibilitó que llegaran 54.000 euros a la red terrorista, y que cuando "se pudo llevar a efecto la explotación operativa, 45 días más tarde, el plus informativo que siempre genera una investigación de esta naturaleza fue absolutamente nulo, y salvo un recibo justificativo del pago del impuesto de ETA, intervenido en el domicilio de Cau Aldanur en Francia, no se halló ningún otro elemento indiciario en poder de los detenidos que corroborara la actividad delictiva desarrollada por los miembros de la red de extorsión". "Después de más dos años de intensas investigaciones tampoco se hallaron los esperados y previsibles datos complementarios". Fernández-Chico considera todo esto "meras hipótesis no sustentadas en hechos reales". El informe final de Germán sostiene que las llamadas recíprocas que se producen el día del chivatazo entre mandos policiales españoles -incluidos los imputados- y franceses "establecen una relación de causalidad entre lo que acontece en Francia que impide el operativo y esas comunicaciones". Fernández-Chico lo rebate: "Las autoridades francesas han puesto de manifiesto que el operativo no se realizó por la falta de algunos informes que ellas entendieron como necesarios". Y señala que Elosua "no reconoció en la correspondiente diligencia que dicha persona [quien le entregó el móvil] fuese el inspector José María Ballesteros, considerando que la omisión de esta circunstancia puede ser jurídicamente relevante". Frente a ello, Germán dice que los imputados compraron sus tarjetas poco antes del soplo y tuvieron un tráfico inusual de llamadas. El juez tiene un dilema: creer al equipo o a su jefe.