"Las reuniones con ETA fueron una partida de ajedrez de medias verdades"

"Aquello fue una partida de ajedrez". "Con mentiras y medias verdades". Así se pronunciaron ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso del chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA, los tres negociadores que en representación del Gobierno se reunieron con la dirección de la banda en 2006 para tratar de conseguir el fin de la violencia. Buena parte de las preguntas formuladas iban encaminadas a conocer si el Ejecutivo había dado instrucciones para reducir la intensidad en la lucha antiterrorista.

El secreto de sus declaraciones y de las de una docena de mandos de las fuerzas de seguridad -Policía, Guardia Civil, Ertzaintza y antiterrorismo francés- que tenían la misma finalidad, así como el de las denominadas actas de las reuniones realizadas por ETA fue levantado ayer, antes de que la sección segunda de lo Penal se pronuncie sobre si el caso, con el que el PP lleva meses atacando al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es competencia de la Audiencia o de un juzgado de Irún (Guipúzcoa).

Los tres negociadores que han declarado ante el juez, a petición de la fiscalía, son Jesús Eguiguren, Javier Moscoso y José Manuel Gómez Benítez. Lo hicieron entre el 31 de enero y el pasado 22 de marzo. Los dos primeros, sobre la reunión que mantuvieron con ETA el 22 de junio de 2006. El último, sobre la reunión de septiembre de aquel año.

En la primera, a Eguiguren y Moscoso los etarras les plantearon lo ocurrido en el bar Faisán. En la segunda, ya con Gómez Benítez, nunca hablaron de la delación, sino que recriminaron que hubiera habido 58 detenciones -entre ellas todas las practicadas por el juez Grande-Marlaska por el caso Faisán-, lo que, según ellos, era un incumplimiento de los pactos a los que habían llegado previamente y lo que suponía la ruptura de la negociación.

Los tres negociadores, a los que el juez ha dado ahora la condición de protegidos junto a otros dos interrogados, señalaron que las reuniones eran "como una partida de ajedrez", en las que se trataba de convencer al adversario con todo tipo de recursos, incluidas las medias verdades o incluso mentiras. Igual que intentaban ellos.

Los etarras reprochaban a los negociadores que el Gobierno no pusiera fin a las detenciones, o que no se permitiera reunirse a los miembros de Batasuna, mientras que los negociadores señalaban como incumplimientos las cartas de extorsión a empresarios, conocidas como impuesto revolucionario, los movimientos de rearme, tanto de armas como de explosivos, y la creciente kale borroka o lucha callejera.

En sus declaraciones señalaron que unos y otros insistían en diferenciar lo que eran incumplimientos de lo pactado y lo que eran accidentes. Según la definición aportada al juez, accidentes eran aquellos incidentes que producían tensión en el proceso, pero que no eran responsabilidad de ninguna de las partes.

Así la dirección de ETA señalaba que la kale borroka era un accidente, porque la banda no la controlaba. Lo que a juicio de los negociadores era mentira.

Los negociadores del Gobierno argumentaban que las detenciones ordenadas por los jueces no podían ser controladas desde el Ejecutivo, como ocurre en los países democráticos. Y evidenciaron que no tenían ninguna vinculación con los jueces y fiscales, que obviamente no aceptarían instrucciones para ser benevolentes con etarras por juzgar.

En el caso declararon también, a instancias del fiscal, el director de la Guardia Civil, Joan Mesquida; el director adjunto operativo de la policía, Miguel Ángel Fernández Chico; el comisario general de Información, Telesforo Rubio; el responsable antiterrorista de la Guardia Civil, José Manuel García Varela; el jefe de Información contra ETA de la Guardia Civil, Pablo Martín Alonso; mandos de la Ertzaintza y de la policía antiterrorista francesa. Todos ellos negaron que durante la tregua de 2006 hubieran recibido instrucciones del Gobierno o de sus superiores para bajar el nivel de la lucha antiterrorista.

El juez Ruz ha pedido al secretario de Estado de Seguridad y al secretario general de Presidencia del Gobierno, además, que le informen de por qué se convocaron esos encuentros, si hubo algún intermediario y si este redactó un acta. Si ese fuera el caso, el juez reclama una copia. Este tipo de peticiones y actuaciones del juez son inéditas con respecto a otras negociaciones de anteriores gobiernos con ETA.