Puig multará el ejercicio de la prostitución en la vía pública
Los clientes de las meretrices también serán sancionados
Interior anunció ayer que está estudiando una normativa que prohíba la prostitución en la vía pública, bajo pena de multa para meretrices y clientes. El consejero, Felip Puig, lo avanzó ayer en respuesta a una pregunta del partido Ciutadans sobre los planes de la Generalitat en materia de prostitución.
Puig explicó que ejercer en las calles y carreteras supondrá una "infracción administrativa", pero no dio plazos. La norma difícilmente llegará a tiempo para el verano, época en la que carreteras como la Nacional II se llenan de prostitutas.
La intención del consejero, según explicó ayer, es crear una regla "unitaria". En la actualidad, varios municipios catalanes ya sancionan a mujeres y clientes que ofrecen y negocian servicios sexuales en la calle. Lo hacen normalmente a través de una modificación de la ordenanza de civismo.
La medida de Puig, además de homogeneizar las distintas normativas, extendería la prohibición a las carreteras y evitaría que las mujeres, para ejercer su oficio, se desplazasen de un municipio en que se sanciona a otro cercano donde no se haga.
La Jonquera (Alt Empordà) fue pionera en aplicar esta medida, pero la realidad ha demostrado que sirve de poco. De las 600 multas impuestas por la Policía Local en un año y medio, no han logrado cobrar ninguna. Las mujeres, según expuso el alcalde de la localidad, Jordi Cabezas (CiU), no tienen domicilio conocido ni nada a su nombre que les puedan embargar. En cuanto a las multas a clientes, unas 60, la localidad tampoco ha conseguido recaudarlas todas porque muchos son extranjeros.
El Consistorio de Tordera (Maresme) tampoco ha cobrado ninguna de las 194 sanciones a prostitutas.
El consejero aseguró también que después de las elecciones municipales del 22 de mayo "mejorará" el decreto que establece las condiciones de los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, que están regulados desde 2002. Cataluña es la única comunidad que tiene establecimientos con licencia específica para prostíbulos.
El Gobierno de CiU, presidido por Artur Mas, ha mantenido la eliminación de la prostitución en la carretera como una de sus prioridades durante la campaña electoral. Puig insistió ayer en que su objetivo es "avanzar en la erradicación y abolición de la prostitución" forzada.
El consejero, sin embargo, admitió que topan con límites que les impiden abordar el problema de manera integral, porque es "competencia estatal" establecer "las conductas delictivas a través del código penal".
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