Ochandiano y Echaburu rechazan responder a las dudas del Parlamento

Koldo Ochandiano y Jon Iñaki Echaburu, dos de los imputados en el caso De Miguel por su implicación en una supuesta red de corrupción en Álava, hicieron una visita relámpago ayer al Parlamento vasco donde les había convocado la comisión de investigación que trata de depurar las responsabilidades políticas de esta trama. Cumplieron con la cita en compañía de sus abogados, pero se negaron a dar explicaciones ante los parlamentarios y la prensa, aunque, eso sí, reiteraron su inocencia como era de esperar. Todo ello en una rápida estancia de apenas diez minutos.

El silencio de ambos imputados obedecía, según recordaron y en línea con situaciones similares ya vividas por esta comisión parlamentaria, a su presencia en el proceso judicial que se sigue en Vitoria. Ochandiano y Echaburu compartían su condición de afiliados al PNV hasta que el primero, exburukide del ABB, decidió entregar su carné meses después de que se lo pidiera reiteradamente Iñigo Urkullu.

Ochandiano, al contrario que hizo su mujer, no dejó su versión por escrito

Al contrario que ocurrió con su esposa, Iratxe Gaztelu, Koldo Ochandiano ni siquiera dejó ayer sus impresiones por escrito. Gaztelu lo hizo, en cambio, después de su comparecencia ante la misma comisión de investigación, aunque también contó otros aspectos del funcionamiento de la trama y en especial de Kataia Consulting sólo a los parlamentarios. La experiencia no agradó a la defensa de Gaztelu y quizá eso explique que Ochandiano prefiriera refugiarse en el silencio antes y después de saludar a la comisión.

En el caso de Echaburu, su referencia más significativa corresponde a su condición de socio en la empresa Urbanorma de la abogada vizcaína Ainhoa Alberdi, que denunció el presunto cobro de comisiones ilegales exigido por Alfredo de Miguel y que propició el inicio de las actuaciones judiciales. Urbanorma, según se desprende de las declaraciones en los juzgados, fue elegida sin pasar por un concurso público para asesorar en la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano en hasta 900.000 metros cuadrados. Según el testimonio de Alberdi, Echaburu pactó un pago de comisiones con el exdiputado foral Alfredo de Miguel y Aitor Tellería. Según ese acuerdo, de los 441.000 euros, un tercio estaría destinada a ellos, aunque De Miguel rebajó su parte a 100.000 euros a Alberdi cuando Echaburu dejó Urbanorma. Según un auto del juez instructor del caso, Roberto Ramos, la comisión no llegó a pagarse. Sí se pagaban desde la empresa constructora de Echaburu, Construcciones Loizate 3.500 euros mensuales a Kataia Consulting, compañía de la que son administradoras las mujeres de De Miguel, Tellería y Ochandiano,

Ochandiano, que fue director de Bienestar Social en la Diputación de Álava, y su mujer, candidata del PNV en las últimas elecciones autonómicas, tienen una relación directa por su condición de socios fundadores con Kataia Consulting, la empresa que recibió pagos sospechosos por parte de otras firmas que habían sido adjudicatarias de contratos con la administración pública. A Ochandiano, además, se le ha relacionado con la trama urbanística de Zambrana (Álava).