Anulado por arbitrario el precinto municipal a un bar de Gràcia

El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a la propietaria de un bar del distrito de Gràcia, de Barcelona, que batalló jurídicamente contra el Ayuntamiento cuando ordenó el precinto de su negocio, el bar Store Café, en la Travessera de Dalt. El Consistorio resolvió el precinto del local, al que había otorgado la licencia en un primer momento, alegando que estaba a una distancia inferior a los 25 metros respecto a otro establecimiento del mismo tipo.

La propietaria, Maria Iciar Fernández, recurrió esa decisión por la vía de lo contencioso y por lo penal. Estaba convencida de que con esa decisión, el Ayuntamiento estaba cometiendo una prevaricación que no tenía nada que ver con normas urbanísticas, sino con su negativa a seguir siendo extorsionada. En concreto, la propietaria del local explicaba en la querella criminal que había logrado el permiso inicial para abrir el negocio después de pagar supuestamente 6.000 euros a dos militantes del PP -uno de ellos consejero de esa formación en el distrito de Gràcia- para que le agilizaran la tramitación de la licencia. Eso ocurrió en 2007. Siguiendo su relato, los problemas empezaron cuando se negó a pagar más dinero. En junio de 2008 recibió la orden del precinto del local porque no cumplía la distancia reglamentaria: el problema eran seis centímetros.

Desproporcionado

El tribunal de lo contencioso que ahora ha anulado aquel precinto no entra en el fondo de la cuestión -si hubo corrupción porque eso es materia de otra jurisdicción- y se ciñe a la argumentación urbanística de una y otra parte. Da la razón a la demandante y cuestiona el proceder administrativo. Sostiene que revocar una licencia ya concedida por un problema de distancia de seis centímetros resulta "desproporcionado". Y destaca, además, que la normativa municipal de distancias entre negocios de restauración se publicó después de la concesión de la licencia de apertura al Store Café, por lo que no se puede aplicar. "Las exigencias normativas deben ser las vigentes" ya que, de lo contrario, se genera indefensión, apunta el tribunal en el fallo.

La querella criminal también fue dirigida contra la gerente del distrito y un técnico, ya que todos ellos firmaron primero la licencia y después la orden de precinto. La acción penal fue admitida por un juzgado de lo penal de Barcelona.