El Superior sanciona que la operación de Lezama es ilegal

El Tribunal Superior ha ratificado en un auto fechado el pasado 30 de marzo la firmeza de su sentencia por la que consideró falto de amparo legal el polémico plan urbanístico en los terrenos de la alcaldesa de Lezama, la peneuvista Alaitz Etxeandia. La sentencia es firme después de que fuera ratificada por el Supremo.

Desde que en 2007 el consistorio de la localidad vizcaína recalificase unos terrenos de la familia de la alcaldesa de urbanos inundables a urbanizables, la disputa ha sido constante. Este cambio se realizó en 2007 con la aprobación de las normas subsidiarias de Lezama por parte de la Diputación. Sin embargo, a raíz de los recursos presentados por la asociación Lezama Bizirik, el planteamiento fue declarado nulo por el Superior, un fallo ya en firme desde el pasado 20 de enero, cuando fue ratificado por el Supremo.

Los Etxeandia alcanzaron además un acuerdo de compraventa con dos constructoras en febrero de 2007, solo ocho meses antes de que se aprobase el nuevo planteamiento municipal. Ese pacto estipulaba que anteayer debía haberse puesto el suelo a disposición de las constructoras previo pago del importe total, un total de 5,5 millones de euros. En caso contrario, los Etxeandia debían devolver los 2,2 millones adelantados por las constructoras. Estas, al hacerse público el fallo del Superior anunciaron en octubre del pasado año que se oponían a ejecutarlo y reclaman su dinero.

A pesar de las sentencias, el Ayuntamiento ha continuado con los trámites. Lezama Bizirik considera que el consistorio, consciente de estas sentencias, trata de "ganar tiempo" para cobrar de las constructoras los 3,3 millones de euros que restan por pagar aprovechando los largos trámites burocráticos.