La situación de los prejubilados de Babcock queda en manos del Gobierno

La situación de Babcock resulta cada vez más parecida a un serial de cientos de capítulos, cuya trama se complica cada vez más y su desenlace nadie ve claro. La serie tiene un final tasado, el próximo 31 de mayo, fecha en la que acaban para los trabajadores las garantías que ofreció en su día la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público que abordó la privatización de la empresa. Pero a medida que se acerca crece la sospecha de que para que acabe bien, las instituciones van a tener que echarle mucha imaginación.

El último capítulo ha acabado de liarlo todo. Por si no fuese suficiente con que la empresa esté en concurso de acreedores, que las garantías de la SEPI a los trabajadores que heredaron los mejores salarios del entorno acaben en dicha fecha, y que 150 de los 364 trabajadores actuales se vayan a la calle el próximo día 15, el Tribunal Supremo acaba de dar la razón a un grupo de unos 20 miembros de la alta dirección que denunciaron el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2004. En ese ERE figuraba una cláusula por la que la empresa se comprometía a analizar la situación de cada uno de ellos, habida cuenta de que los topes de sus prejubilaciones se hallaban por debajo de sus expectativas.

Babcock carece de dinero para pagar a los empleados los permisos retribuidos

El problema resulta considerable. La empresa ha tenido que volver a contratar a 190 empleados -descontados los jubilados y fallecidos del total de 258 a que afecta la sentencia- en puertas de despedir a 150 y de cerrar la empresa con otros más de 200 a los que les cubrirían las garantías de la SEPI, que les permitirían cobrar una indemnización superior a la que estipula la actual normativa, además de otras ventajas.

El problema se complica cuando la empresa, nada más dar de alta a los prejubilados desde 2004, les comunica que pasan a situación de permiso retribuido. Es decir, se van a casa cobrando. El problema es que no hay dinero para pagarles, con lo que generan una deuda a la empresa que les acaba de contratar. Y no cobran de ninguna parte; tampoco de la póliza de prejubilación que la SEPI suscribió en 2004, cuando firmó el acuerdo social con los trabajadores, y que se desactiva al haber sido contratados de nuevo.

El Gobierno vasco tiene ahora parte de la solución, tras confirmar con la Abogacía del Estado que es posible actualizar el ERE, aprobarlo en el País Vasco para eliminar problemas y salvar el escollo de los denunciantes con una negociación que mejore sus prestaciones.

Los departamentos de Empleo e Industria, intentan desbrozar el camino hacia una solución para este colectivo de prejubilados, pero con el problema asociado del tiempo. Babcock, la empresa que representó como ninguna en su última etapa pública el modelo de sociedad en el que el tráfico político servía tanto para cubrir las elevadas pérdidas como para encontrar pedidos, se extingue definitivamente.