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Gonzalo excusó el cierre de la Cámara de Vizcaya en vacaciones y deudas domiciliadas

La existencia de "débitos domiciliados" en la cuenta de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya fue una de las razones o excusas aducidas por José María Gonzalo para mantener operativa esa entidad más de tres años después de que un decreto del Gobierno al que representaba estableciera su extinción. Gonzalo era delegado territorial del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en Vizcaya y en su condición de tal fue comisionado por el consejero Javier Madrazo para finiquitar la Cámara.

Lejos de ello, se embarcó en una operación que nadie entiende, ni quienes le conocen y le atribuyen una honestidad fuera de duda, ni quienes, conociéndole o no, consideran que su condición de jurista -es letrado del Gobierno- le hacía conocedor de lo que estaba haciendo y de sus eventuales consecuencias. Todos dan por hecho que no se ha lucrado personalmente, y fuentes vinculadas entonces a EB dan por hecho que los responsables de la organización y del departamento debieron extrañarse del modo en que se estaba financiando una película producida por un servicio del Gobierno, Berdindu. Por ejemplo, de que no hubiera recurrido a las ayudas que ofrece el Departamento vasco de Cultura y más tratándose de un rodaje en euskera.

El letrado desoyó hasta cuatro emplazamientos del Gobierno

Según consta en la documentación que obra en el Gobierno, Gonzalo envió a finales de abril de 2009 -el decreto de extinción data de enero de 2006- un escrito al director de Finanzas del Ejecutivo, dependiente del Departamento de Hacienda, que dirigía la también vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. En él expresaba la "imposibilidad" de cerrar la cuenta corriente y prometía enviar "en breve" una información "más detallada y precisa (...) con vistas al cierre definitivo (...)lamentando habernos retrasado en su elaboración da causa del paréntesis vacacional". Gonzalo respondía a un requerimiento de principios de ese mismo mes, uno después de celebradas las elecciones autonómicas que originaron el relevo del Gobierno tripartito de Juan José Ibarretxe. En él se le pidió el cierre de las cuentas y el traspaso de los saldos a la Tesorería General del País Vasco. Con anterioridad, el delegado de Vivienda en Vizcaya había sido ya emplazado desde la Oficina de Control Económico (OCE) en dos comunicaciones distintas para que liquidara la Cámara y enviara a la OCE relaciones de cobros y pagos, extractos bancarios y otra documentación.

A la llegada del nuevo Gobierno de Patxi López, en mayo de 2009. y con la exploración de los departamentos para su reorganización el responsable de Vivienda se encontró con la Cámara sin liquidar y la de Empleo y Asuntos Sociales con una nómina que se pagaba a un empleado en ella. El 10 de noviembre el Ejecutivo destituyó a Gonzalo y encargó la auditoría.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de abril de 2011