El fallo del Supremo y la voz de ETA

Desde la disolución judicial de Batasuna en marzo de 2003 como brazo político de ETA, la Sala Especial del Supremo ha ilegalizado por unanimidad a otros nueve partidos, coaliciones o agrupaciones electorales creados o utilizados en su estela. La presentación a comienzos de febrero en el Registro de Sortu, auspiciado por un grupo de veteranos dirigentes de Batasuna, intentó romper esa mala racha mediante unos estatutos respetuosos con el Estado de derecho y el sistema democrático que declaran de forma expresa el rechazo del nuevo partido a la violencia y su plena autonomía respecto a ETA.

La Sala Especial del Supremo, sin embargo, ha negado a Sortu la inscripción registral por el estrecho margen de nueve a siete. Hasta que la resolución y los eventuales votos discrepantes del fallo sean publicados, resultará imposible pronunciarse sobre los razonamientos estrictamente jurídicos de la mayoría y la minoría del alto tribunal a la hora de fundamentar sus conclusiones. La circunstancia de que la Sala Especial se haya partido casi en dos al dictar el fallo es un claro síntoma de que los movimientos de fondo registrados en el mundo nacionalista radical han encontrado parcialmente eco en el máximo órgano del Poder Judicial.

ETA lanzó un comunicado al día siguiente del rechazo de la inscripción de Sortu por el Supremo

Todo hace suponer que Sortu recurrirá en amparo la resolución del Supremo aunque resulte muy difícil que la decisión del Constitucional (pendiente todavía por culpa del PP de que el tercio de magistrados correspondientes al Congreso sea renovado) se produzca antes de que el próximo 18 de abril venza el plazo de presentación de las candidaturas para las elecciones municipales y forales del 22 de mayo. La reñida votación en el Supremo excluye que la eventual aceptación del amparo por el Constitucional desencadene una nueva guerra de autoridad y de prestigio entre ambos órganos como ha ocurrido en otras ocasiones. La fractura del Supremo en el fallo sobre Sortu -tres de los cinco presidentes de Sala votaron contra la mayoría- confirma el carácter de caso difícil de un pleito que admite soluciones diferentes igualmente legítimas. De añadidura, la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas encomendada al Constitucional concederá un especial relieve en este pleito al derecho no solo activo (a elegir) sino también pasivo (a ser elegido) de sufragio, al derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a los cargos representativos, y al derecho de asociación.

El comunicado de ETA fechado el 24 de marzo -al día siguiente del fallo del Supremo- no disipa pero tampoco confirma las dudas racionales y los temores fundados sobre los eventuales nexos existentes entre la izquierda abertzale (que Sortu dice representar) y la banda terrorista (que inventó hace más de dos décadas a Batasuna como brazo político para conquistar las instituciones representativas municipales, forales y autonómicas). El objetivo central de ese documento es ratificar la iniciativa de ETA -difundida inicialmente el pasado 10 de enero- de crear una comisión internacional encargada de verificar el alto el fuego "general y permanente" declarado por la banda armada frente a los Estados español y francés. Ante la falta de eco de la formulación, la propuesta anuncia un periodo de rebajas: ETA se muestra dispuesta a aceptar ahora que ese mecanismo de verificación sea informal.

Otras referencias del documento al País Vasco guardan relación con el viraje de los veteranos dirigentes de la ilegalizada Batasuna hacia el rechazo de la violencia. Aunque no mencione de forma expresa la resolución del Supremo contraria a la inscripción registral de Sortu, el comunicado cita la ilegalización como una de las formas de la violencia practicada en el País Vasco -junto a la persecución, la detención y la tortura- por los Estados español y francés en solitario.

Fiel a su visión maniquea de la historia, la declaración de ETA denuncia la división del País Vasco en dos bloques enfrentados. De un lado, la lenta reorganización y reagrupamiento de la izquierda abertzale, deseosa de emprender un proceso democrático (la última consigna mágica de la izquierda abertzale) orientado a lograr la solución definitiva del conflicto (un clásico de su recetario de conjuros); de otro, las fuerzas maléficas dispuestas a reprimir la oportunidad recién nacida y a malograr "la ilusión" generada en la sociedad vasca "gracias al impulso de la iniciativa de ETA". Esa jactanciosa proclamación de protagonismo no tiene fácil interpretación: lo mismo puede significar la voluntad de ETA de mantener la hegemonía sobre una izquierda abertzale refugiada bajo las faldas de los estatutos de Sortu que la resignada aceptación del carácter contraproducente del terrorismo para la conquista del poder.