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El Síndic afea a la delegación del Gobierno su falta de colaboración

La representación estatal aduce que rinde cuentas al Defensor del Pueblo

En el argot de los defensores del pueblo la expresión "cuadro de honor" es la clasificación de las administraciones que menos colaboran. En Cataluña la encabeza la delegación del Gobierno, según denunció ayer el síndic de greuges, Rafael Ribó, que compareció en el Parlament para presentar su informe de 2010.

Ribó señaló a quien obstaculiza su función. "El ejemplo claro, inequívoco y vergonzoso es el de la delegación del Gobierno", recalcó el síndico, que citó tres expedientes sin información de la representación estatal: "El caso de una muerte en un centro de acogida de inmigrantes, una huelga de hambre en la misma institución, desatención lingüística en centros de la seguridad social... todos temas importantes y lamentables que han merecido la callada por respuesta".

El Síndic de Greuges mantiene una guerra competencial con el Defensor del Pueblo. Ribó sumó atribuciones con el nuevo Estatuto, recortadas tras la sentencia del Tribunal Constitucional a instancias del entonces defensor, Enrique Múgica. En la nueva Ley del Síndic, aprobada a finales de 2009, la institución no se apropia competencias, pero sí exige la colaboración de todas las Administraciones, incluida la estatal. La delegación del Gobierno no lo acepta y remite los expedientes del Síndic al Defensor del Pueblo. "Toda la Administración del Estado depende del Defensor del Pueblo", se excusan fuentes de la delegación. Ribó señaló que antes del cambio de norma la Administración colaboraba habitualmente y tachó de "ilegal" el comportamiento actual.

Otros organismos acumulan retrasos, como el Ayuntamiento de Sitges y Renfe. "En ocasiones, son expedientes que llevan más de mil días de solicitudes", explicó Ribó. Para evitar estos casos, el síndico pidió a los parlamentarios que se revise cada tres meses qué administraciones que se niegan a dar información.

Los partidos reclamaron a Ribó que opinara sobre los recortes de la Generalitat y la prohibición del burka en algunos municipios. El síndico, que está preparando un informe sobre el velo integral, se negó a opinar, defendiendo su alejamiento de la lucha partidista. Ribó, como obliga la ley, dejó de ser militante de Iniciativa cuando obtuvo el cargo, en 2004.

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