"Aquí solo hay 35. Tenían que ser 60"

La construcción de carreteras en Girona es cosa de unos pocos elegidos. Una docena de empresas asfalteras han constituido allí una suerte de santa alianza para repartirse, con la connivencia de un alto cargo de la Generalitat, las adjudicaciones de obra pública. La investigación de esta presunta trama corrupta se ha saldado hasta ahora con tres detenidos -uno de ellos, el gerente de Carreteras de la empresa pública GISA en Girona, Jordi Vergé- y otros 15 empresarios han declarado ante la Guardia Civil.

Las escuchas telefónicas incluidas en el sumario del caso revelan el funcionamiento casi mafioso de estas empresas, que amenazaban con aislar a los constructores que no se unieran al grupo. "O eres un clan, y entonces la cosa funciona, o tienes que ir a muerte. Eso está claro", relata en una de las conversaciones el apoderado de una industria del asfalto.

La red multiplicó los "contactos con personas afines a CiU" en las elecciones

Los implicados se jactan de su supuesto poder de influencia sobre cargos de Convergència i Unió y cuentan, presuntamente, con la connivencia de Vergé, que según los investigadores cobró 35.000 euros (en billetes de 500) de manos de Juan Mozo, consejero de la empresa Rubau Tarrés. Ambos concertaron una cita en un aparcamiento cercano a la calle de Sicília de Barcelona. El alto cargo reprendió al empresario: "Escucha, tú, eso no es lo que dijiste, ¿eh? Aquí hay alguna confusión". La confusión era que la comisión prevista para Vergé sumaba 60.000 euros, no 35.000.Extrañado, Mozo llama al presidente de la constructora, Josep Rubau, también imputado. "Ha pasado una cosa rara. He dejado aquello en Barcelona. Y me ha dicho que nada más hay 35", dice Mozo. A lo que Rubau, también desconcertado, replica: "Yo los conté, pero déjame que lo mire. Tranquilo, no pasa nada, tú".

Vergé intervino en la comisión técnica de al menos seis expedientes de adjudicación de obras de GISA entre marzo de 2009 y octubre de 2010, por un importe total de 8,5 millones. Las empresas de la red se llevaron esas obras por asfaltar tramos de la AP-7. El alto cargo posee diversas cuentas y dos vehículos de alta gama marca BMW, según consta después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, que lleva el caso GISA, ordenara investigar sus cuentas.

Con la información privilegiada que, supuestamente, les suministraba Vergé (precio de salida, etcétera), las empresas del clan del asfalto partían con ventaja. No solo eso. Pactaban precios y lo hacían, en ocasiones, al alza. Así se entiende que en algunos expedientes las ofertas económicas fuesen idénticas hasta el céntimo de euro: 60.008,42 euros por el asfaltado en un tramo de una carretera comarcal de Girona, por citar un ejemplo.

El juzgado y la Fiscalía de Delitos Económicos han investigado posibles irregularidades en concursos convocados por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, la Diputación de Girona, el Ayuntamiento de Girona y ACESA. En todos los concursos, a pesar de que concurrieran decenas de empresas (a veces, más de 70), las adjudicaciones recaían siempre en menos de 10.

Construcciones Rubau, Aglomerats Girona, Servià Cantó, Construcciones Fusté, Agustí i Masoliver (AMSA), Xavier Alsina, Dragados, Romero Gamero (Romasa), Firtec, Copisa, Asfaltec, Arico Forest y Arids Vilanna son algunas de las implicadas, según la Guardia Civil. La Oficina Antifraude de Cataluña, que también ha participado en las pesquisas, concluye que la mayoría de las adjudicaciones iban a parar a las mismas manos. Los investigadores han hallado "pautas de comportamiento coincidentes" y concluyen que las empresas se presentaron "de forma conjunta" para obtener las adjudicaciones.

Si se suman los concursos de las distintas Administraciones, la cifra supera los 300 millones. Solo en algunos casos -se desconoce, por ahora, cuántos- los investigadores han hallado indicios de prácticas irregulares.

Xavier Esglea, apoderado de Rubau, "presume de ostentar el control de las ventas de aglomerado en Girona y de fijar precios altos", según la Guardia Civil. En las conversaciones, Esglea no se corta un pelo: "Girona es un territorio muy blindado y no hay problema. Pero en Barcelona están haciendo absolutas barbaridades", dice en alusión a la práctica de empresas ajenas al club selecto que, en su opinión, ofrecen precios demasiado bajos. Un tal Dani recuerda: " nos repartiremos un poco el pastel" cuando las obras estén adjudicadas.

Esglea y otros implicados insisten a las demás empresas para que se sumen o quedarán aisladas. A un responsable de Dragados le confiesa que existe un concierto entre "pequeñas" empresas de Girona y le sugiere que siga las reglas. El responsable de Dragados se muestró dispuesto a entrar al trapo. "Era saber si sois tan amables y tan buena gente y cariñosos, como el resto del mundo, de respetarnos las obras y no liarla. Hasta ahora creo que tengo controlado a todo el mundo y me faltabais vosotros", añadió.

Los investigadores aseguran que "ante el inminente cambio de Gobierno" -algunos pinchazos telefónicos corresponden a esas semanas- los implicados "están contactando con personas afines a CiU". Robert Lluís Juvinyà, de Aglomerats Girona, asegura que ha mantenido una reunión con Ricard Font, que según los investigadores había desempeñado cargos en Política Terrritorial en la anterior etapa de CiU. Juvinyà da a entender que Font le ha prometido un mejor trato después de los "problemas" que, a su juicio, les ha causado el exconsejero Joaquim Nadal.

"No puede ser que porque un señor sea amigo de Nadal le asignen todas las obras de carretera de GISA", dice Juvinyà en otra conversación. "Hay que favorecer a los de aquí: tenemos que trabajar los de Girona", concluye. Mozo, otro detenido, cree tener suficiente influencia como para hacer que otras empresas "dejen de tocar los cojones" y no interfieran en las adjudicaciones. Puede lograr, gracias a sus contactos políticos, que a la empresa díscola "no le den nada".