El PNV aprovecha el sobrecoste de la AP-1 para extremar su pugna con el PP
El juez condena a Álava a pagar 4,2 millones a las empresas de la Eibar-Vitoria
Los 4,2 millones, más los intereses de demora desde junio pasado, que la Diputación alavesa va a tener que pagar a las empresas Dragados, Obras y Proyectos, FCC y Yarritu por desajustes en la construcción del tramo de la AP-1, la autopista Eibar-Vitoria entre Luko y Arlaban, sirvieron ayer al PNV para reavivar y subir de tono su contienda con el PP en esa provincia a dos meses justos de las elecciones. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vitoria falló ayer contra la Diputación, a la que obliga a abonar esos 4,2 millones, pero va revisando técnicamente y rechaza la mayoría de los argumentos que habían planteado las tres constructoras para demandar el pago de 31,1 millones.
La Diputación ve a De Andrés "inhabilitado para cargos políticos"
El teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, aprovechó la difusión de la sentencia para responsabilizar al primer candidato foral del PP el 22-M, Javier de Andrés, del sobrecoste total de la obra. "De Andrés es el único responsable del sobrecoste de 73 millones de euros" en la construcción de la AP-1 en Álava, recalcó Rodríguez y pidió al PP que retire su candidatura porque está "inhabilitado" para gestionar "cualquier cosa" y, la Diputación, "todavía menos".
Rodríguez apuntó que las Juntas Generales autorizaron a Javier de Andrés, diputado de Obras Públicas durante el mandato del popular Ramón Rabanera al frente de la Diputación, a gastar 122 millones en todo el tramo alavés de la autovía, que incorpora dos adjudicaciones y una parte del túnel de Arlaban. "No volvió a las Juntas para informar de los procesos de tramitación", sostuvo.
"Pedimos al PP que se replantee y retire la candidatura porque una persona con este bagaje de gestión no puede ocupar cargo alguno de responsabilidad política en una institución como la Diputación", defendió.
Aunque la sentencia, de 94 folios, todavía no es firme y previsiblemente va a ser recurrida por las tres constructoras, Rodríguez anunció que la institución foral pedirá responsabilidades políticas al PP por un desfase de casi el 60% sobre el total presupuestado de la obra pública.
Rodríguez reiteró hasta en cuatro ocasiones durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Diputados que el responsable de este "desaguisado" ha sido De Andrés, quien como diputado foral de Obras Públicas era el máximo responsable político de la realización de la autopista. "Es el responsable de que los alaveses tengan hoy un agujero de 73 millones de euros", reiteró una y otra vez.
De Andrés, quien en los últimos meses ha mantenido un serio enfrentamiento político a cuenta del caso De Miguel con el PNV, que ha llegado a denunciarle en los tribunales por ello, restó ayer importancia al ataque y se limitó a decir que "el PNV sigue inmerso en la estrategia de la falsedad". Para el candidato popular, "la sentencia dice que la adjudicación se hizo por 68,8 millones, por lo que el sobrecoste es apenas del 6% y eso se debe al buen trabajo de los técnicos de la Diputación".
En este nuevo enfrentamiento entre partidos, cada uno hace las cuentas en función de sus intereses. Sin embargo, hay una coincidencia básica entre el Gobierno foral y el resto de partidos, salvo el PP, en que el sobrecoste de los trabajos llega al 60%. Todas las formaciones parten de los 122 millones, un precio que se elevó a 133,3 durante el periodo en el que la obra fue investigada por una comisión foral. A finales de diciembre del pasado año su precio ya se había elevado a los 170 millones. Ahora se sitúa en 193, IVA incluido.
La sentencia pone de relieve que el contrato de obra que firmaron las adjudicatarias era "a tanto alzado", es decir, que establecía un precio por encima del previsto para que no hubiera un incremento de costes, aunque reconoce que sí deberán abonarse los trabajos suplementarios que se encargaron. Establece el coste de estas obras extra en los 4,2 millones de euros, la misma cuantía que la Diputación ofreció a la UTE y que ésta rechazó antes de presentar la demanda.
El juez acepta solo una de las demandas
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vitoria no ha dado la razón a las empresas constructoras de la Eibar-Vitoria y al rechazar la mayoría de sus demandas reconoce que la planificación de la obra no resultaba tan caótica como pretendían las demandantes. De hecho, la sentencia hecha pública ayer tumba los argumentos de la UTE formada por Dragados, Obras y Proyectos, FCC y Yarritu y solo reconoce un desfase entre lo cobrado y lo pendiente por modificaciones contractuales en el tramo alavés de la autopista entre Luko y Arlaban, de 4,2 millones, sobre un montante total de 79,8 millones. Curiosamente, esa cantidad ya había sido incorporada por la Diputación a través de la sociedad pública Vías de Álava (Viasa) en la última certificación de obra que presentó a la unión de empresas y que esta rechazó cobrar.
La respuesta de la UTE a esa valoración que hizo la Diputación alavesa fue la interposición de la demanda el 9 de junio de 2010, reclamando un total de 31 millones de euros por incumplimientos.
La UTE desglosó esos 31,1 millones de la siguiente manera: 10,8 millones como precio pendiente de pago, de acuerdo con su "valoración de la obra"; otros 13,8 millones como daños y perjuicios, consecuencia de los incumplimientos contractuales de Viasa, más otros 2,1 millones por intereses desde el 3 de junio de 2008, fecha de entrega de la obra, hasta el 31 de diciembre de 2009.
La última partida que completaba los 31,1 millones demandados ascendía a 4.261.153,88 euros como "obra reconocida pendiente de cobro", que resulta de la diferencia entre lo efectivamente cobrado hasta la fecha (75.637.554,64 euros IVA incluido) y la cifra que ya aceptaba la Diputación en su última certificación.
Salvo esta última cantidad ya reconocida, el juez ha rechazado todas y cada una de las demandas de la UTE, incluso los intereses de demora aplicables al caso. Frente a la demanda de las tres constructoras que solicitaban el pago de intereses desde la fecha de fin de obra y hasta que el juez dictara resolución, el magistrado ha limitado ese impacto desde la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha de la resolución, es decir, apenas nueve meses, frente a los 21 que reclamaban las empresas.
Dos caros tramos
- De Luko a Arlabán. Es el tramo más costoso de la AP-1. Con 8,3 kilómetros de longitud total, fue adjudicado a FCC, Dragados y Yarritu por 65,2 millones. Se liquidó en 68,8 millones. Ahora el juez ha incrementado su precio en cuatro millones más, en lugar de los 31 que pedían las constructoras por incumplimiento de las condiciones del contrato.
- De Echávarri viña a Luko. Este tramo también ha superado el precio de adjudicación. De 6,2 kilómetros de longitud, fue adjudicado a la UTE formada por Ferrovial, Lanbide y Copalsa por 26,3 millones y liquidado en 29,2 millones. Las empresas pedían ocho millones adicionales por la inconcreción del proyecto, pero el Tribunal de Arbitraje rebajó el sobrecoste hasta los tres que la Diputación pagó a finales de enero
