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Unió planta cara a Mas y exige que desaparezca el impuesto de sucesiones

El consejero democristiano Pelegrí pide que el Gobierno cumpla el programa electoral de CiU - El presidente puntualiza, pero no aclara, el anuncio de Gordó

El Gobierno de Artur Mas vivió ayer el primer gran patinazo público entre sus dos socios, Convergència y Unió, al estilo de las que protagonizaba el tripartito. Mas prometió muy pocas cosas en campaña pero hizo bandera de una: la supresión total del impuesto de sucesiones y donaciones. Sin embargo, Germà Gordó, secretario del Gobierno y hombre fuerte de Mas, anunció anteayer en una entrevista que las herencias de tercer grado (entre tíos y sobrinos) tributarán y que se mantendrá donaciones. Unió plantó cara ante esa decisión y fue tan lacónico como firme: pidió que se cumpla lo prometido. El artículo 485 del programa es inapelable: "Suprimiremos el impuesto de sucesiones y donaciones con carácter inmediato".

Con la modificación se recaudarían 169 millones, el 46% menos que ahora

Gordó causó un enorme enojo en Unió, que ignoraba una decisión de ese calado. El consejero democristiano, Josep Maria Pelegrí, titular de Agricultura, quiso ser cauto pero confesó que desconocía el proyecto. "Lo he conocido por los diarios. Quiero ver la propuesta que hace el Gobierno", dijo tras actuar como portavoz del comité de gobierno de Unió. El anuncio de Gordó se interpretó también como un desaire a Josep Antoni Duran i Lleida, que hace 10 días avanzó, para sorpresa de Convergència, que el impuesto se eliminaría antes del 22-M.

Tras el revuelo formado, Mas se vio obligado anoche a salir al paso y a reiterar que cumplirá el programa electoral que presentó en la campaña, aunque no precisó plazos. "Cataluña no puede estar discriminada respecto a otros territorios del Estado. Como mínimo quedará igual o mejor que en Valencia o Madrid", dijo. Fuentes de Presidencia señalaron que Mas puntualizó a Gordó, sin especificar en qué.Presidencia insistió en que Mas pretendió anoche aclarar un punto: que los catalanes no tienen que ser discriminados respecto a los ciudadanos de otras comunidades como sucede en Valencia y en Madrid, las más favorables respecto a la aplicación de la tasa. Las mismas fuentes señalaron que, de momento, el Gobierno aún no tiene un proyecto sobre el impuesto y que en ese caso "ya se verá" cómo queda. Y, en esa línea, recordaron que Mas afirmó que la supresión aspira a no discriminar a las familias que han querido preservar su patrimonio. "Eso es también crear riqueza", dijo el presidente.

Pese a ello, el Gobierno continuaba ayer trabajando en el proyecto de reforma del gravamen que pasa por que las herencias de tercer grado también tributen al margen de mantener donaciones. "El impuesto no desaparece; solo determinados tramos", dijo el domingo Gordó. Con esa reforma parcial, el Gobierno catalán recaudaría unos 169 millones de euros, el 46% menos de que lo que ingresaba hasta ahora por ese gravamen, pero implicaría no renunciar a una cantidad para las depauperadas arcas públicas.

El impuesto de sucesiones fue la estrella del programa electoral de CiU y se ha convertido en un arma arrojadiza y fuente de conflictos. De hecho, anoche Mas tuvo que ejercer de funambulista para contentar primero a parte de su electorado; segundo, calmar a Unió; tercero, a Gordó, uno de sus principales colaboradores, y cuarto, al Departamento de Economía, que está elaborando el proyecto.

El futuro de la tasa es, además, primordial, para el desenlace de los Presupuestos al estar CiU en minoría y necesitar el apoyo o la abstención de PSC o de PP. Por razones diferentes, ambos partidos ratificaron ayer su oposición a la eliminación parcial del impuesto. Los socialistas insistieron en reclamar a CiU que aplace la supresión y los populares consideran que debe desaparecer totalmente -incluyendo donaciones- en cumplimiento del programa electoral de CiU. Y tanto el PSC como el PP anunciaron ya que si no se atienden sus planteamientos, no se les puede pedir que apoyen las cuentas de la Generalitat.

José Zaragoza, secretario de organización del PSC, calificó de "incomprensible" la decisión de la eliminación parcial del impuesto. "Les hemos pedido que la aplacen, no solo que la bajen un poco. Que no nos vengan a tomar el pelo a todo el mundo", añadió. Según Zaragoza, la polémica entre los dos socios de la federación indica que CiU "se siente débil y no se atreve a bajarlo hasta el final. Es producto del caos en el que está el Gobierno". Alicia Sánchez-Camacho,

presidenta del PP de Cataluña, afirmó que Mas está en una "línea equivocada" que no facilitará la negociación de los Presupuestos. En su opinión, Mas "no tiene palabra" y "está defraudando a los catalanes".

Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa (ICV-EUiA) señalaron que la polémica demuestra que la reforma de la tasa que realizó el tripartito era la correcta. "El Gobierno tiene que acabar este sainete. Esto es como estar embarazada: o sí o no", afirmó Joan Ridao, secretario general de ERC. En la misma línea se pronunció la portavoz de Iniciativa, Laia Ortiz, quien considera que el Gobierno trata de "disimular la práctica supresión" del impuesto para dar la impresión de que no son tan injustos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de marzo de 2011