Bruselas reclama más datos sobre el convenio de Vizcaya y Habidite

La Comisión Europea necesita más información para decidir si existen o no elementos de ayuda de Estado en los convenios que el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, suscribió con el empresario Jabyer Fernández, en diciembre de 2006, para una operación de viviendas modulares en Alonsótegui. De hecho, ha requerido nuevos documentos al grupo empresarial que promovía la implantación de la fábrica de pisos una vez que también haya recibido los datos enviados por el órgano foral y se resiste a su archivo. Los tres convenios firmados, que incluían el compromiso de Diputación de adquirir 1.500 viviendas, se encuentran vigentes, según se recoge en el auto del juez sobre el caso Iurbenor.

La empresa ya ha presentado sus datos directamente a la Comisión Europea

Jabyer Fernández confirmó el pasado viernes a este periódico que su grupo "ha enviado los documentos de estos convenios" y, además, "se los hemos explicado personalmente a las personas de la Comisión Europea encargadas del asunto" en una reunión celebrada el pasado mes. También añadió que en Bruselas se admite una cierta sorpresa por el retraso de la propia Diputación en requerir un pronunciamiento sobre la posible ayuda del Estado, años después de que se firmaran los convenios. Desde la institución foral vizcaína se reconoce que "se han enviado toda la información requerida" por la Comisión Europea.

Fernández presentó los convenios firmados con Vizcaya en diciembre de 2006 como garantía para sostener el aplazamiento del pago tributario de los 43 millones de IVA, derivados de la venta de los terrenos de Puerta de Bilbao. La solicitud fue rechazada por Hacienda pero en ningún caso se entendía que las garantías presentadas fueran insuficientes, sino porque no queda demostrada la falta de tesorería.

El pronunciamiento de la Comisión Europea sobre la tipología de las ayudas es determinante para conocer la reacción judicial que adoptará Jabyer Fernández en la defensa de sus intereses económicos, que considera perjudicados al no cumplirse estos acuerdos.

Bilbao firmó este compromiso en nombre de Sprilur cuando mantenía como diputado general una excelente relación con el entorno de la compañía Iurbentia, donde figuraban la mayoría de los exsocios que luego denunciaron a Fernández.