El PSC pide "legalidad con autoridad" para una "inmigración ordenada"
La convención municipal propugna que los alcaldes tengan más competencias
"Libertad y seguridad" al tiempo que "legalidad con autoridad". Esa es la propuesta del PSC para asegurar la convivencia en las ciudades y municipios de Cataluña y garantizar "una inmigración legal, regular y ordenada", que requiere "mecanismos flexibles y a la vez rigurosos". Convencidos de que "la seguridad es una de las principales exigencias de la ciudadanía", la ponencia que se debatirá este fin de semana en la V Convención Municipal del partido reclama el "derecho a estar y sentirse seguro y, en consecuencia, el derecho de ser y sentirse libre", al margen de la situación social o económica de las personas y de dónde vivan.
En lo concreto, eso requiere reforzar la autoridad de los alcaldes para que "puedan adoptar las medidas necesarias en materia de seguridad y convivencia" en cada municipio, aumentar la cooperación de la policía con la judicatura y, como suele ocurrir en estos casos, más Código Penal. El PSC quiere que se tipifiquen las conductas o situaciones que generen problemas de convivencia y seguridad en el espacio público. "Queremos ejercer la legalidad con autoridad sin renunciar a nuestros valores socialistas", dice la ponencia, al tiempo que se advierte para no caer en la tentación de "falsos debates ni recurrir al populismo" que caracteriza el discurso del PP con la inmigración.
Y nada mejor que proponer un pacto para la seguridad que coordine la actuación de todas las Administraciones implicadas en educación, servicios sociales y urbanismo, porque, dicen los socialistas, "no nos podemos basar solo en la presencia policial como elemento disuasorio del conflicto". Eso no impide que el PSC exija que para 2015 se cumpla la previsión de que haya 18.000 mossos d'esquadra, unos 2.000 más de los que componen la plantilla actual.
El programa socialista en las municipales de 2007 proponía la extensión de la ordenanza cívica de Barcelona a todas las ciudades. Cuatro años después, se insiste en la idea de impulsar conjuntamente con la Generalitat ordenanzas de ese tipo, agentes de mediación y mesas de convivencia. También se sugiere "abordar de manera decidida el fenómeno de la prostitución", centrándolo en el combate contra las mafias y la protección de las mujeres, pero también en la convivencia en el espacio público. Por ello se anuncia que se establecerán "mecanismos para disuadir la demanda", pero nada se dice de recuperar el proyecto de regular esta actividad que propuso Montserrat Tura cuando fue consejera de Interior en el primer tripartito.
Estas son otras medidas que propone la ponencia del PSC.
- Renovar el actual modelo de financiación local porque es "obsoleto y no garantiza su suficiencia financiera en la prestación de servicios".
- Orientar los consejos comarcales a la gestión mancomunada de servicios municipales allí donde esté justificado por economía y eficacia, reconociendo el liderazgo de los alcaldes.
- Publicación de las retribuciones íntegras y de las declaraciones de bienes patrimoniales de los cargos públicos, directivos y personal de confianza.
- Uso responsable y ordenado de los recursos públicos.
- Potenciar el papel de Barcelona y la región metropolitana en el mapa de las grandes ciudades europeas y mundiales.
- Propiciar y crear iniciativas y propuestas que ayuden activamente a la reactivación económica de los municipios.
- Fomentar planes de empleo para reciclar a profesionales con dificultades de inserción.
- Completar y consolidar la red de guarderias y actividades extraescolares.
Legado del tripartito y no recortes
El PSC escondió la gestión del tripartito en la campaña de las autonómicas, pero tras ser desalojados de la Generalitat y ante los recortes que se avecinan, parece haber recuperado la memoria de aquella obra de gobierno. La ponencia marco advierte de la necesidad de "prevenir cualquier involución en materia de políticas sociales, de infraestructuras y de apoyo a la autonomía financiera de los municipios a raíz del triunfo conservador de derechas y de sus planteamientos de reducción de servicios y recursos".
Los socialistas dicen ahora que "no pueden renunciar" a los compromisos en inversiones que prevé el Plan de Infraestructuras, ni en transportes, ni a la Ley de Barrios, ni al depliegue de la Ley de Servicios Sociales. "Hace falta tener una posición clara de vindicación de estos hitos ya logrados", dice ahora el PSC, cuando en la campaña electoral de hace unos meses solo ICV-EUiA reclamaba el legado de los gobiernos de coalición con socialistas y ERC que presidieron primero Pasqual Maragall y después José Montilla.
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