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COLUMNA

Perversión

La suerte ya está echada. Finalmente, los partidos con responsabilidades de poder han optado por presentar en sus listas electorales a los comicios municipales y autonómicos a notorios candidatos imputados por corrupción. Así lo ha hecho el PP, que como espera ganar las elecciones con gran ventaja, dado el voto de castigo al partido del Gobierno hundido por la crisis, intenta aprovechar la ocasión para evadir de este modo su responsabilidad como cómplice, beneficiario y encubridor de la red Gürtel, henchida a su costa desde los tiempos de Aznar: el mayor escándalo de corrupción de la democracia española.

Pero, increíblemente, también ha hecho lo mismo el PSOE, que no ha vacilado en presentar imputados en lugares como Granada, Melilla o Grazalema, mientras arrecia el escándalo de los 70 beneficiarios de los ERE destapados por el caso Mercasevilla. Lo que viene a demostrar que el socialismo andaluz, tras tantos años de mayoría absoluta, ha caído en poder de corruptas redes clientelares. Y lo peor es que los otros partidos con responsabilidad de poder territorial (UM en Baleares, CiU en Cataluña, PNV en Euskadi, Coalición Canaria en Canarias...) tampoco están libres de reproche sino más bien todo lo contrario.

De lo único que absolvería la reelección es de la responsabilidad política y nunca de la judicial

Todo lo cual me parece una perversión del vínculo de representación democrática entre autoridades y ciudadanos. Sé que presentar imputados como candidatos no llega a ser una flagrante violación de la legalidad, pues para algo nuestros partidos mayoritarios se han esforzado en garantizarse al alimón una espuria inmunidad (por no decir impunidad encubierta). Pero aunque no sea ilegal, desde luego es ilegítimo, pues no resulta admisible que una autoridad pública pueda pedir un voto de confianza a los mismos ciudadanos a los que puede haber defraudado, según se desprende de su imputación judicial.

Y el que un imputado por corrupción pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos a quienes habría perjudicado me parece tan ilegítimo (salvadas las evidentes distancias del daño imputado) como el que un encubridor del terrorismo pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos que son víctimas potenciales de sus cómplices terroristas. Por eso, igual que la Ley de Partidos excluye de las listas electorales a los cómplices del terrorismo por competencia desleal que distorsiona la igualdad de oportunidades entre los candidatos, también habría que hacer lo mismo con los candidatos imputados por corrupción, excluyéndoles de las listas electorales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades frente a sus rivales. Pues igual que el candidato afín al terrorismo cobraría ilegítima ventaja frente al rival que pueda ser su víctima potencial, también el candidato afín a los corruptos cobra espuria ventaja frente al rival que no se beneficie de la corrupción.

Sin embargo, la peor perversión no es esa, pues más indigna resulta la busca de absolución en las urnas. Es lo que ocurre cuando el candidato imputado es efectivamente reelegido, pues inmediatamente recurre a esa pretendida absolución para hacer fingidas protestas de inocencia ofendida. Y eso es como dar gato por liebre, pues en el mejor de los casos, de lo único que absolvería la reelección es de la responsabilidad política y nunca de la judicial. Una absolución electoral que es políticamente aprovechada para presionar a los tribunales a la espera de forzar así una absolución judicial probablemente inmerecida.

Pero ni siquiera es cierto que la reelección signifique una absolución política. La mayor parte de los electores que votan por un imputado no lo hacen porque crean en su inocencia sino por otras razones compatibles con la creencia en su culpabilidad, entre las que destacan estas: el pragmatismo (se vota al mal menor), el cinismo (la corrupción es muy eficaz en la lucha por el poder), el sectarismo (con razón o sin ella es nuestro "hijo de puta"), el escepticismo (no se puede confiar en una justicia tan tendenciosa, desautorizada como está por mediáticos juicios paralelos) y el nihilismo (que ensalza la transgresión de estafadores impunes como El Dioni, Mario Conde o Ruiz-Mateos).

Finalmente, en la presentación de imputados aún subyace otra perversión del civismo democrático todavía más insidiosa. Y es la de buscar la complicidad del votante para delegar en él la última responsabilidad, transfiriéndole y haciéndole copartícipe de la elección del mal, a fin de compartir así un pacto de culpabilidad. Es algo análogo a la corrupción de menores a lo que podría llamarse estupro de votantes o corrupción de electores, dada la perversión que supone el que una autoridad civil busque la complicidad de los ciudadanos a los que defrauda para que le autoricen con su voto a seguir defraudándoles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de marzo de 2011