La jubilación de las centrales nucleares

Primero alargan la edad de jubilación de los trabajadores y ahora aprueban una Ley de Economía Sostenible donde se propone alargar la edad de jubilación de las centrales nucleares. Se ve que a Zapatero le encanta esto de buscarse nuevos enemigos entre sus potenciales electores.

Las centrales nucleares fueron diseñadas en su día para funcionar unos 30 años. Esa vida relativamente corta se debe a que la radiación atómica que existe en estas instalaciones afecta negativamente a los elementos claves de la central, fragilizándolos aún más frente a los efectos derivados de las fuertes alteraciones térmicas y desgastes químicos que se producen en todas las centrales térmicas. Pero ahora que la edad media de las centrales a nivel mundial es de 27 años, los propietarios de las centrales nucleares de todo el mundo están apretando a los políticos para que alarguen la vida de las centrales a 40, 50 e incluso a 60 años... porque la avaricia no tiene límites.

El 'lobby' nuclear ha presionado a los políticos para lograr beneficios extras

¿Alguien conoce una industria que funcione durante 40 o 50 años? Yo desde luego no conozco ninguna, y las centrales térmicas clásicas se cierran a esas edades por razones puramente tecnológicas, como le ha ocurrido por ejemplo a la térmica de Santurtzi, cerrada a los 40 años de vida. Pero eso no ha impedido al lobby nuclear para presionar a los políticos, con éxito por ahora, a fin de conseguir beneficios extras muy suculentos, aunque sea a costa de que la población se vea obligada a asumir riesgos mayores debidos a esa prolongación irresponsable de la vida de estas centrales nucleares.

Según nos quieren hacer creer, el accidente de la central nuclear de Chernóbil no existió. Como tampoco existe el riesgo de que los terroristas ataquen una central nuclear, a pesar de que incluso el CNI ha reconocido que esa es la amenaza más importante que pesa sobre España. Bien al contrario, nuestros interesados encantadores de serpientes nos intentan vender con total desparpajo que estas vetustas centrales nucleares no tienen ya riesgos de accidentes.

Pero, curiosamente, esos mismos propietarios de las centrales nucleares siguen exigiendo, y obteniendo de los Gobiernos, una ley especial que les declara exentas de responsabilidad indemnizatoria frente a las consecuencias de un eventual accidente nuclear, de manera que sólo pagarían los daños ocasionados hasta un máximo de 700 millones de euros, corriendo el resto de los daños a costa del Estado. Por lo que se ve, ni ellos ni las compañías de seguros se creen lo de la seguridad de las centrales

También nos dicen que tenemos que asumir como una ventaja indubitada que estas centrales no emiten CO2, lo que ayuda a cumplir con Protocolo de Kioto, como si fuera mejor emitir residuos radioactivos, cuyo tratamiento y eliminación sigue sin estar disponible técnicamente. Por si no se sabe, el CO2 no es ningún veneno, sino la base de la fotosíntesis y, por lo tanto, de toda la vida que existe en el planeta.

Incluso nos predican que las centrales nucleares pueden resolver la crisis de energía, como si no supiéramos que esta forma de energía sólo aporta el 6% del consumo mundial y tiene tendencia a la baja. Por ejemplo, en este año 2010 la potencia eléctrica de origen nuclear instalada en el mundo ha bajado en 300 Mw y, en cambio, la potencia eólica, que es otra forma de producción de energía eléctrica con vocación minoritaria., ha subido en 35.800 Mw, que viene a ser la producción equivalente a 10.000 Mw nucleares. Ciertamente, ni la eólica ni la nuclear nos van a resolver el problema de la energía de los próximos años, pero dentro de 20 años el mundo producirá tanta energía eléctrica con base al viento que con base a la energía nuclear.

Pero lo más cruel de la ley aprobada es que elude obligar a las empresas eléctricas a compartir los enormes beneficios económicos derivados de esa peligrosa estrategia consistente en alargar la vida de las centrales. Como ocurre en el tratamiento que estos políticos hacen de la crisis financiera que padecemos, los beneficios son para los empresarios y las pérdidas, para los ciudadanos.

En efecto, alargar en 10 años la vida de una central nuclear típica de 1.000 Mw viene a suponer un beneficio adicional para la propiedad de 1.000 millones de euros. Buena parte de ese beneficio deriva del absurdo hecho de que en el sistema eléctrico español el precio que se paga por un kilowatio-hora es el precio de coste más caro de todas las centrales que han funcionado en un día determinado. Con esta peculiar regla, las empresas que están amortizadas, como las nucleares o las hidroeléctricas antiguas, obtienen un superbeneficio, puesto que les pagan su producto al mismo precio que una central nueva y cara, pendiente de amortizar.

Otros países más serios, Holanda o Alemania por ejemplo, cuando han decidido alargar las vidas de las centrales han tomado una medida muy simple: imponer una carga impositiva especial a estas centrales "viejas" de manera que parte de esos "superbeneficios" derivados de la prolongación de la vida de las centrales no sólo sirvan para mejorar las arcas de Hacienda, sino para desarrollar las energías renovables, que son las que van a tener que resolver el problema energético en las próximas décadas.

Si los partidos españoles que han votado esta ley tuvieran el mismo criterio y decencia que los alemanes, habrían impuesto unas cargas a los propietarios de las ocho centrales nucleares españolas que supondrían aproximadamente un valor de 10.000 millones de euros para un período de prolongación de la vida de 10 años. La mitad de esa cifra iría a promocionar las energías renovables y la otra mitad, a cubrir los Presupuestos del Estado.

Pero como tenemos unos políticos débiles, entregados a los cantos de sirena de los lobbys financieros o energéticos, nos encontramos obligados no sólo a soportar todos los peligros adicionales derivados de estas centrales envejecidas, sino a no compartir ninguno de los beneficios económicos tan arriesgadamente conseguidos.