Un pujante actor empresarial

Varias y poderosas organizaciones criminales están enraizadas en extensas áreas de Italia y mantienen una agresiva y vasta vocación económica. Los valores absolutos de la economía sumergida y de la evasión fiscal alcanzan ya niveles no muy distantes de los de la economía regular. Se trata de una combinación muy peligrosa para Italia y para Europa, y una poderosa razón para emprender una imprescindible defensa común.

La criminalidad organizada italiana sigue dando muestras de una dúctil capacidad para expandir sus actividades económicas. No pierde ocasión de adquirir empresas sanas, incluso en territorios y sectores nada tradicionales. Y lo hace con mayor facilidad en fases de crisis económica como esta, dado que a las empresas honradas les cuesta mucho resistir la fuerza económica de unos competidores agresivos, sustentados en el desprecio de las reglas. A pesar del esfuerzo de instituciones y organismos públicos, la moderna criminalidad organizada es hoy un pujante actor empresarial. Las formas históricas del crimen organizado se ven protegidas además por una tenaz y difusa opinión, muy mediterránea, que no considera la evasión fiscal dañina para el Estado, sino un mecanismo de defensa del individuo. Ese individualismo fiscal impide reconocer a las empresas criminales y oponerse eficazmente a ellas, facilitando su expansión.

El Parlamento Europeo ha recomendado contener el número de billetes de 500 euros en circulación

La lucha contra el lavado de dinero negro y la financiación del terrorismo internacional impone serias acciones globales, concertadas y a nivel supranacional, con normativas nacionales homogéneas e intercambios efectivos de información, para evitar que triunfen quienes saben aprovecharse con astucia de los límites y diferencias de los distintos sistemas estatales.

Cuanto más capaces sean los sistemas financieros de ofrecer servicios rápidos, inmateriales y despersonalizados, con más facilidad se crea un intersticio para operaciones opacas. Y más posibilidades operativas se abren también para el crimen organizado, que se beneficia de su conocimiento profesional de los sistemas previstos para oponerse a él.

Algunos de los instrumentos clásicos de esta acción expansiva del crimen organizado merecen particular atención. Es el caso de la potente disponibilidad de dinero líquido, a menudo relacionada con toda clase de tráficos infames (prostitución, estupefacientes, extorsiones, corrupción). A ese respecto, la acción investigativa debe constatar con frecuencia su ineficacia, a causa precisamente del afable prejuicio que considera la evasión fiscal un fenómeno ineludible, natural y no del todo malo. "Intuiciones" que inducen a justificar enormes masas de dinero en efectivo como lógicas y "comprensibles", dado lo elevado de la presión fiscal. En esa amplia zona de penumbra todo queda confuso. De ese modo, despistados por interpretaciones indulgentes (y a menudo interesadas) respecto al fraude fiscal por parte de intermediarios financieros y profesionales, llamados, sin embargo, a tareas de colaboración activa con los organismos estatales, los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo corren el riesgo de no entrar en funcionamiento.

Según datos del Banco Central Europeo, los billetes de 500 euros constituyen actualmente, en valor, la más amplia cuota de papel moneda en circulación. En abril de 2009, a pesar de su escaso empleo en las transacciones ordinarias, los billetes de 500 euros representaban, en valor, el 36% de los billetes, seguidos por los de 50 euros (31%) y por los de 100 euros (18%). Un dato que fue incrementándose desde finales de 2002, cuando los billetes de 500 euros constituían, en valor, el 23% de los billetes en circulación, con un aumento mucho más elevado respecto al incremento en conjunto del papel moneda en circulación.

La difusión de instrumentos de pago alternativo al efectivo o la creciente demanda de euros como instrumento de reserva de valor, especialmente por parte de no residentes en el área del euro (a quienes cabe atribuir aproximadamente un 20% del papel moneda sustentado en el euro), no lo explican todo. De tal anomalía hace tiempo que son conscientes las autoridades monetarias y las instituciones implicadas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

La utilización de dinero contante ofrece, no sin riesgo, ciertas ventajas. Favorece los pagos en negro e interrumpe el rastro de las transferencias de riqueza, del origen que sean. Un maletín corriente puede contener 10.000 billetes de 500 euros, por un valor de 5 millones de euros, algo inferior al contenido de una caja fuerte normal.

En Europa se han registrado fenómenos clamorosos de concentración a nivel territorial de la demanda de billetes de valor máximo. Las autoridades españolas, a finales de 2006, atribuyeron al blanqueo de dinero negro y a la evasión fiscal, especialmente en el sector inmobiliario y de la construcción, una anómala difusión de billetes de 500 euros. Según ciertas estimaciones, en España se llegó a concentrar aproximadamente un cuarto de la entera producción de billetes de 500 euros del área de la Unión Monetaria.

No es casualidad, por tanto, que exista una tendencia a contener las transacciones en efectivo, así como la misma existencia de billetes de alto valor. Solo en el caso del euro y del franco suizo se contemplan valores superiores al equivalente de 100 euros. El propio Parlamento Europeo ha recomendado contener el número de billetes de 500 euros en circulación.

Con experiencias europeas recientes, por el contrario, se corre el peligro de hacer perder la conciencia de tales riesgos. Entre ellas, el último escudo fiscal italiano, finalizado en abril de 2010. Ante la urgente necesidad de alcanzar un difícil equilibrio en las finanzas públicas, la medida permitió que ingentes cantidades de billetes, de origen opaco, hipotéticamente exportados y acumulados fuera de las fronteras nacionales y depositados en el extranjero a fecha de 31-12-2008, pudieran aflorar con el pago de una tasa "extraordinaria" del 5% o del 6%. Más de 200.000 expedientes han sacado a la luz una actividad por valor de 104.500 millones de euros, que en un 97,6% (102.050 millones) atañen a operaciones de repatriación de capitales.

Ciñéndonos a esta última modalidad, la repatriación "jurídica" (por un valor de 51.500 millones) ha supuesto numerosos encargos de custodia, depósito, administración o gestión de la actividad financiera a intermediarios fiduciarios italianos, sin necesidad (a diferencia de la repatriación física) de proceder a su traslado material al territorio del Estado. Y ello no solo en el caso de inmuebles (obviamente imposibilitados de traslado físico), sino también para recursos financieros (depósitos bancarios y efectivo), incluso cuando estaban ubicados en países fiscalmente poco colaboradores. Precisamente en esos países se localizaron cerca de 40.000 millones de euros.

De lo que no cabe duda es de que el principio comunitario de prohibición de restricciones para la libertad de circulación de capitales entre los países miembros y terceros países ha de ser atemperado con los artículos 57 y 58 del Tratado CE. Pero resulta llamativa la confianza depositada en la responsabilidad de las empresas fiduciarias, interlocutoras exclusivas de las autoridades obligadas al control de capitales y de no fácil desautorización.

Estas empresas fiduciarias italianas se han convertido en titulares de cuentas bancarias accesibles solo tras la apertura del escudo, alimentadas con dinero contante por un valor de 4.000 millones de euros, depositados en países poco colaboradores. La circunstancia sospechosa es que anteriormente ese dinero en efectivo estaría guardado con toda verosimilitud bajo los colchones de prudentes ahorradores o en cajas de caudales de discretos custodios. Sin embargo, la carencia de intercambio de información plantea insuperables dificultades para realizar verificaciones administrativas acerca de la subsistencia real y del origen de tales sumas. Dato preocupante, porque en la lucha global europea contra el blanqueo y el terrorismo internacional la funcionalidad del sistema administrativo de cada país es condición indispensable para la eficacia de medidas jurídicas por parte de los demás países.

Gran parte de tal funcionalidad, si no toda, se ha confiado a un íntimo sentimiento de responsabilidad de las empresas fiduciarias. Pero lo cierto es que de más de 200.000 expedientes, hasta septiembre de 2010 en la Unidad Antiblanqueo del Banco de Italia (UIF) solo se habían recibido 484 indicaciones de operaciones sospechosas. ¿No se estará incurriendo en un exceso de confianza?

Fabio di Vizio es fiscal de la República Italiana en Forlì. Traducción de Carlos Gumpert.