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Editorial:

Control normalizado

El nuevo convenio debería ser el principio del fin de la excepcionalidad del control aéreo

El laudo elaborado por el exministro de Trabajo Manuel Pimentel que fija el nuevo convenio colectivo de los controladores aéreos puede ser, por fin, el punto de partida de la definitiva normalización de un sector que ha vivido durante años en un permanente estado de excepción, como en su día lo calificó la Audiencia Nacional. El laudo es de obligado cumplimiento, pero su aceptación por ambas partes sería la mejor señal, dado que los controladores fueron capaces de paralizar, sin previo aviso ni convocatoria de huelga mediante, el tráfico aéreo durante el último puente de la Constitución.

El desgaste que aquel desafío supuso para el Gobierno, que declaró por vez primera en democracia el estado de alarma y militarizó el servicio, se ve ahora recompensando con un convenio colectivo que, a grandes rasgos, consolida lo que el propio Ejecutivo aplicó por decreto en febrero del pasado año: una jornada de 1.670 horas anuales (frente a las 1.200 de años anteriores) y un sueldo medio de 200.000 euros (frente a los 350.000 anteriores). De esta manera, los controladores (cuya jornada disminuirá en el futuro ligeramente) aproximan sus condiciones a las de sus colegas europeos y pierden parte de los privilegios de los que gozaron, como la jubilación remunerada a los 52 años y la potestad de organizar su trabajo y formar a los nuevos profesionales.

Lo que puede ser interpretado como un éxito del Gobierno es también una clara señal de que la reforma de la gestión aeroportuaria que se está acometiendo es imprescindible y de que AENA debe asumir su responsabilidad como gestora de este servicio público esencial. El plante de diciembre estalló cuando decenas de controladores consideraron que las 1.670 horas ya las habían cubierto a esas alturas del año, lo que demostraría que la plantilla o es insuficiente o está mal gestionada. Pimentel ha ampliado de manera excepcional el horario de aquí a 2013, año en el que tales problemas se deberán haber solventado con, entre otras medidas, servicios de control de gestión privada y nuevos profesionales que, de paso, hurten al colectivo existente su capacidad de chantaje. El laudo demuestra también la irresponsabilidad de ese colectivo, toda vez que debe aceptar ahora lo que en su momento fue motivo para abandonar masivamente sus puestos de trabajo.

El acuerdo debería poner término a las sobreactuaciones en las que ambas partes han caído en el pasado. Ni es de recibo que 2.300 trabajadores pongan en jaque a un Gobierno democrático y a todo un país por una reivindicación laboral, ni lo es que, en correspondencia, se recurra a medidas tan extraordinarias como el estado de alarma. A este acuerdo deben sumarse las reformas previstas y la determinación de los poderes públicos en hacer cumplir la ley y el convenio, lo que incluye la continuidad de los 430 expedientes abiertos a los controladores, que en cualquier otro colectivo ya se habrían saldado con más de un despido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de marzo de 2011