El juez del 'caso Gürtel' imputa cuatro delitos al anterior alcalde de Boadilla

El exalcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), apeló ayer a su desmemoria en la declaración que prestó ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Ante las preguntas de las partes relacionadas con los supuestos chanchullos por adjudicaciones irregulares de contratas a la red que dirigía Francisco Correa, Siguero respondió con frases como "no recuerdo" y otras del tipo "me remito a los informes técnicos", según asistentes al interrogatorio.

Tras dos horas de declaración, Siguero salió del Tribunal Superior de Madrid con la imputación por parte del juez de cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero como él forzado a dimitir por su implicación con la trama. Sobre este pesa una fianza de 1,8 millones. Pedreira no fijó ninguna medida cautelar contra Siguero.

El instructor no fijó ninguna medida cautelar contra el imputado

Un informe policial atribuye a Siguero haber facilitado a la red Gürtel datos previos sobre contratas que luego sacó a concurso el Ayuntamiento. "Participó en el diseño de los pliegos ad hoc" para el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, adjudicado a una empresa Gürtel por más de 600.000.

Ayer, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Siguero reconoció que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo envió a una empresa de la trama. En concreto, admitió que le envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red y, hasta 2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La fiscalía le preguntó si remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban por esa contrata. Su respuesta fue no. También admitió que El Albondiguilla fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama.

A Siguero se le preguntó también sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La adjudicación fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en comisiones 1.050.000 euros.

El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo- . Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, la firma adjudicataria tuvo la mejor puntuación; en el segundo, quedó en tercer lugar. Se tuvo en cuenta el informe más favorable. Uno de los redactores del informe, Juan Carlos Rey, según el sumario, era una persona de total confianza de González Panero. Preguntado por esta contrata dijo que no recordaba y se remitió, sin más, a los informes técnicos.