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El fiscal pide multar a un exdelegado de Sevilla por cohecho

Reclaman 900.000 euros a un ex alto cargo de la Junta andaluza

La fiscalía de Sevilla ha pedido 900.000 euros de multa para el exdelegado de la Consejería andaluza de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, por solicitar supuestamente comisiones ilegales a unos empresarios junto a tres directivos de la sociedad pública Mercasevilla. El fiscal solicita asimismo en su escrito de acusación una suspensión de cargo público de 21 meses para los cuatro acusados de cohecho, a los que achaca haber pedido 450.000 euros en dinero B para autorizar la construcción de una escuela de hostelería en Sevilla.

Con esta investigación ya concluida se inició el caso Mercasevilla en febrero de 2009 y dos años más tarde ha derivado de este el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Consejería de Empleo. El fiscal expone cómo Rivas contactó con el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet para exigir 300.000 euros a dos empresarios hoteleros del grupo La Raza a cambio de permitirles gestionar y explotar un centro de formación. De este modo, Mellet y los exdirectivos Daniel Ponce y Regla Pereira acudieron a una reunión con los empresarios para pedirles "una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía" en comisiones ilegales. A los 300.000 euros debían sumar otros 150.000 euros, según los ex responsables del mercado sevillano de abastos.

El soborno debía concretarse en una segunda reunión con los hoteleros, y en ella los acusados Ponce y Mellet "insistieron en la petición de las cantidades de dinero", prometiéndoles que además obtendrían favores como subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los catering que se organizaran. El problema es que los empresarios grabaron la conversación. Días después trasladaron la cinta a la Junta andaluza, que denunció los hechos ante la fiscalía y esta inició la investigación, retomada más tarde por la juez del caso tras una denuncia del PP.

La imputación del ex delegado de Empleo generó polémica porque la juez admitió en un auto que solo existen indicios "débiles" en su contra, basados en la declaración policial de Mellet, el principal acusado del caso. El ex director de Mercasevilla afirmó que recibió de Rivas dos llamadas para confirmarle la concesión de la subvención. El Tribunal Supremo exige que en estos casos haya una "mínima corroboración" de su culpabilidad. Sin embargo, el fiscal anticorrupción considerada probada su participación en el supuesto cohecho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de febrero de 2011