Los nuevos requisitos para las AES dejarían fuera al 35% de quienes las cobraron en 2010

Los nuevos requisitos para poder solicitar una Ayuda de Emergencia Social (AES) en los Ayuntamientos -el tope de 8.000 euros de patrimonio sin contar la primera vivienda, el garaje, el trastero y otras excepciones, frente a los 40.000 euros como máximo fijados hasta ahora- traen de cabeza a los municipios. El cambio empieza a notarse ya en los servicios sociales y la asociación municipal Eudel precisó ayer los primeros datos. Estos, los primeros que dan una idea de las consecuencias de la medida tomada por el Gobierno en enero, indican que el 35% de las personas que solicitaron ayudas de emergencia en 2010 no podrían pedirlas en 2011 porque no cumplirían los nuevos requisitos económicos.

Zabaleta, dispuesta a reconsiderar en tres meses los actuales criterios

Esta alerta fue formulada por la alcaldesa de Oñati, Lourdes Idoiaga, en calidad de portavoz de los Ayuntamientos, en la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento.

La edil aseguró que los únicos que podrán recibir la ayuda serán "jóvenes sin recursos económicos y extranjeros con más de seis meses de empadronamiento" en Euskadi, el mínimo imprescindible. Quedarán fuera, entre otros, pensionistas con algunos ahorros y mujeres separadas con hijos, enumeraron. Ante la dureza del cambio, Idoiaga sugirió "adaptar la cantidad de manera paulatina", en referencia al salto que supone reducir de 40.000 a 8.000 el patrimonio máximo permitido.

Los responsables de Eudel, sin embargo, se marcharon de la Cámara con "sorpresa", debido al anuncio de la portavoz del PSE en esta materia, Teresa Laespada. La parlamentaria aseguró que la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, había mostrado su disposición a reconsiderar los nuevos criterios con los Ayuntamientos. Preguntada por este periódico, la parlamentaria confirmó este extremo, asegurando que Zabaleta está abierta a dar este paso en el plazo de tres meses desde la puesta en marcha de las nuevas condiciones, con la opción de ampliar la autonomía en este ámbito de los consistorios.

Eudel compareció en la Cámara para dar su opinión sobre el cambio de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social que se ha promovido por parte de la consejería de Empleo y Asuntos Sociales. El cambio se limita a trasladar la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda a Lanbide para vincularlo a la búsqueda de empleo, pero Eudel quiere que también las AES. De lo contrario, los ciudadanos "deambularán entre dos administraciones". La consejera descartó el lunes asumir la gestión de las AES, algo corroborado ayer por Laespada. Queda por ver la posición del PP y el PNV, ya que si lograran un acuerdo podrían forzar la inclusión de esta ayuda en Lanbide.

El Gobierno destinará este año a las AES 17,3 millones de euros, la cantidad que en 2010 resultó insuficiente y exigió una dotación extra, aunque se siguió sin cubrir todo el gasto en estas ayudas, que los ayuntamientos cubrieron con sus fondos. "Las dificultades económicas del Gobierno no se pueden transferir a los ayuntamientos; quien financia debe gestionar", incidió la alcaldesa de Oñati.