El Tribunal Superior declara ilegal el edificio del Ayuntamiento de Boadilla

Las continuas sentencias contrarias a los intereses del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) hechas públicas en los últimos años han convertido a los sucesivos equipos de gobierno de este municipio, todos ellos encabezados por el PP, en los gestores municipales de España a los cuales se ha detectado un mayor número de irregularidades.

Una prueba de ello es la última decisión judicial, esta vez de la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado 2 de diciembre sentenció que el edificio principal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue construido de forma ilegal, ya que, en la parcela en la que se había edificado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente solo se permitía que se edificara un equipamiento escolar.

Los exalcaldes Panero y Siguero están imputados en el 'caso Gürtel'

El PGOU del municipio tendrá que volver a aprobarse

Esta sentencia, sin precedentes en la Comunidad de Madrid en los últimos años, asimismo considera ilegales 20 viviendas y 11 oficinas que también se levantaron en el sector de forma irregular. Los magistrados anulan la licencia concedida en 1998 por el Ayuntamiento, gobernado por el PP, a la empresa Aerorentiber, encargada de las obras.

La juez que ejerció de ponente del fallo, Elvira Adoración Rodríguez Martí, y que declara nulos los acuerdos del pleno de 1999 bajo la alcaldía de la popular Nieves Fernández Crespo, aclara en el texto que, si bien la consecuencia jurídica tendría que ser la demolición física del edificio, en este caso, teniendo en cuenta la destrucción de riqueza que supondría, resultaría conveniente que los edificios indebidamente construidos pudieran continuar existiendo, siempre que se adaptara su uso al equipamiento escolar legalmente previsto en el PGOU.

La decisión de los magistrados, contra la que no cabe recurso, tiene como base dos informes periciales: el primero, de técnicos de la Dirección General de Urbanismo y Planificación de la Comunidad y, el segundo, del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ambos concluyen que la construcción en esa finca del edificio que alberga el Consistorio "contradice frontalmente" el plan del que forma parte y aseguran, además, que "contiene unas claves de ordenanza no contempladas en dicho Plan General de Ordenación Urbana".La magistrada incluye en la sentencia un párrafo del informe del colegio, en el que explica: "Resulta incomprensible que la ficha que contradice el plano haya podido superar todos los filtros necesarios para la aprobación del PGOU de Boadilla del Monte, dado que las irregularidades de la misma alcanzan tal calibre que no se trata de meros errores materiales, sino que la misma contradice el plan y carece de los mínimos elementos estructurales que debe reunir todo instrumento normativo".

A raíz de las conclusiones de los peritos, los magistrados de la Sala aseguran tener la convicción de que las diferencias entre el plan inicial y las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento para permitir la construcción del Consistorio no son una mera contradicción fácilmente salvable, "sino una auténtica contravención del plan por un documento incorporado incomprensiblemente al mismo".

Esta es la segunda sentencia reciente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM sobre un asunto del municipio, ya que los magistrados decidieron anular en noviembre la adjudicación del palacio del infante don Luis a la Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan. González Panero, el primero de los cuatro alcaldes que ha tenido Boadilla en los últimos cuatro años, está imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Fue expulsado del PP. Su sucesor, Juan Siguero, también está imputado como presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a Panero.

La decisión del TSJM de convertir el edificio principal del Ayuntamiento en un colegio se conoce después de que el Supremo declarara nulo el plan de Boadilla del 2002 por denegar el Ayuntamiento la documentación del plan a miembros de la oposición. De esta forma, el PGOU del municipio, ahora paralizado, tendrá que volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la normativa. Un particular inició el litigio porque estaba disconforme con el cambio de calificación de una parcela de su propiedad: "Tenía un uso comercial y, por obra y gracia de la aprobación definitiva del plan general que se recurría, pasaba a zona verde pública", explica el fallo del Supremo.

Pero estas tres decisiones judiciales no son las únicas que han puesto en entredicho al equipo de gobierno del PP, del que han dimitido dos alcaldes, Panero y Siguero, ambos por estar imputados en el caso Gürtel.

Hace menos de dos semanas, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid ordenó la ejecución de una sentencia que establecía la nulidad de la creación del Grupo Municipal del PP de Boadilla, tal y como había exigido el concejal de Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo. Con esta decisión judicial, los 15 concejales del PP pasarán a ser considerados no adscritos, a semejanza del exalcalde Arturo González Panero, que fue expulsado del Grupo Popular tras ser imputado en el caso Gürtel y de Siguero, que dimitió la pasada semana y fue relevado por la edil Mercedes Nofuentes, que también participó en una de las adjudicaciones investigadas en el caso. En el pleno en el que fue nombrada Nofuentes, la alcaldesa en funciones, Belén Húmera, aludió al Grupo Municipal del PP antes de la votación, por lo que la investidura podría también ser impugnada, explican desde la oposición.

Asimismo, el año pasado el Tribunal de Cuentas condenó a los exalcaldes Panero y Nieves Fernández Crespo a abonar 488.357 euros al Ayuntamiento madrileño por considerarles responsables del perjuicio causado a las arcas municipales al aprobar unos complementos ilegales a la paga extra de los funcionarios entre 1998 y 2000. No obstante, el concejal de Alternativa por Boadilla Ángel Galindo sostiene que dichos pagos se han venido manteniendo de manera irregular. Quizá por eso, en enero de 2010 Siguero acordó consolidar el pago que recibían los empleados del Consistorio de 50 euros mensuales por llegar a la hora, y de otros 50 por permanecer en su puesto de trabajo durante las siete horas obligadas. Este complemento, de un máximo de 1.400 euros anuales, ha favorecido desde 2005 a los funcionarios de Boadilla.