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El Ayuntamiento de Boadilla dice que fallo "no tiene consecuencia jurídica"

El sentencia del TSJM obliga al reconvertir el Consistorio, 20 viviendas y 11 oficinas en "equipamiento escolar"

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara "ilegal" la construcción de la Casa Consistorial no tiene "consecuencias jurídicas". Según informa hoy este diario, la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM sentenció el 2 de diciembre que el edificio principal del Ayuntamiento fue construido de forma ilegal, ya que, en la parcela en la que se había edificado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente solo se permitía que se edificara un equipamiento escolar.

Esta sentencia, sin precedentes en la Comunidad de Madrid en los últimos años, asimismo considera ilegales 20 viviendas y 11 oficinas que también se levantaron en el sector de forma irregular. Los magistrados anulan la licencia concedida en 1998 por el Ayuntamiento, gobernado por el PP, a la empresa Aerorentiber, encargada de las obras. La juez que ejerció de ponente del fallo, Elvira Adoración Rodríguez Martí, y que declara nulos los acuerdos del pleno de 1999 bajo la alcaldía de la popular Nieves Fernández Crespo, aclara en el texto que, si bien la consecuencia jurídica tendría que ser la demolición física del edificio, en este caso, teniendo en cuenta la destrucción de riqueza que supondría, resultaría conveniente que los edificios indebidamente construidos pudieran continuar existiendo, siempre que se adaptara su uso al equipamiento escolar legalmente previsto en el PGOU.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento asegura que el Plan de Urbanismo vigente, que data de 2002, contempla "los usos previstos" para este edificio por lo que el fallo "se basa en realidades jurídicas superadas por el vigente PGOU". "El edificio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en ningún caso dejará de prestar servicio como la sede administrativa que es", afirma la nota a pesar del fallo. "El PGOU actual es el vigente desde el año 2002 y por el que se rige en estos momentos Boadilla del Monte. Dicho plan contempla los usos previstos para este edificio, sede administrativa del Ayuntamiento", puntualiza.

El portavoz del partido independiente Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo, ha señalado que su formación política va a "exigir la responsabilidad patrimonial" contra los técnicos y cargos del PP que concedieron las "licencias ilegales" y que "han provocado un grave perjuicio patrimonial" a los propietarios de las viviendas "que se van a tener que demoler". Galindo ha especificado que los daños se valoran en unos 15 millones de euros.