Rubalcaba asegura que el Estado está preparado para impedir el reto de Sortu

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, elevó ayer el tono de advertencia dirigido a la izquierda abertzale al asegurar que "el Estado de derecho está preparado para impedir que nadie que no deba ir a las elecciones vaya". Lo hizo después de hacerse público que la fiscalía había instado al Tribunal Supremo a ilegalizar la nueva marca de la izquierda abertzale, Sortu, y ante la evidencia de que, si es rechazada, recurrirá a otras fórmulas para tratar de estar presente en las elecciones municipales del 22 de mayo.

Rubalcaba no obvió esta última cuestión y recordó que "no es una novedad que pueda existir un plan B" a Sortu en la izquierda abertzale, como su presentación a las municipales del 22 de mayo en agrupaciones electorales o la asociación con un partido político legal, que en esta ocasión puede ser Eusko Alkartasuna, como en el pasado fue ANV. "Si se repasa la historia reciente de los comicios electorales vemos que no es una novedad y, por tanto, se puede imaginar que estamos preparados para esa eventualidad", resaltó el vicepresidente.

Es difícil que los tribunales fallen antes del 22 de mayo, dicen en el Ejecutivo

Madrid es mucho más escéptico que Euskadi sobre el paso de Batasuna

En su exhibición del poder institucional para afrontar el reto de la izquierda abertzale, el vicepresidente primero recordó también la reciente reforma de la Ley del Régimen Electoral General. Con ella, las instituciones se aseguran la expulsión de los Ayuntamientos de aquellos concejales que habiendo superado la barrera judicial, no han rechazado la violencia ante la hipótesis de nuevos atentados.

Rubalcaba avaló los informes policiales con los que ha justificado la impugnación de los estatutos de Sortu ante los tribunales con el argumento de que esta marca es una "continuidad" de la ilegalizada Batasuna. El vicepresidente primero ha reducido a una semana el plazo legal de veinte días de que disponía para presentar los informes policiales con los que avalar la impugnación de los estatutos de Sortu. No obstante, fuentes del Gobierno siguen considerando que "es difícil" que los tribunales dispongan del tiempo necesario para tomar una decisión sobre la legalización o no de Sortu antes de las elecciones del 22 de mayo. Esta es la idea dominante en los círculos políticos y judiciales de la capital.

En todo caso, el debate sobre la legalización o no de Sortu es distinto en Euskadi que en el conjunto de España. En el País Vasco domina la sensación de que se asiste al fin del terrorismo de ETA, lo que se refleja en todos los partidos vascos, incluidos el PP y el Ejecutivo de Patxi López. Eso permitió decir ayer al encarcelado Arnaldo Otegi que el Gobierno español "ha acentuado su nerviosismo" ante los pasos de la izquierda radical.

Sin embargo, en el ambiente político de Madrid predomina el escepticismo sobre la apuesta de Sortu. "El recuerdo del atentado de ETA en la T-4 de Barajas, que rompió el proceso de paz anterior, sigue muy vivo", señalan fuentes gubernamentales. Y de ese clima se hacen reflejo y, a su vez, lo fomentan, el PP nacional y sus medios afines.

Ante esa situación, el Gobierno ha optado por la vía de evitar la inscripción de los estatutos de Sortu y dejar la decisión sobre su legalización o no a los tribunales con el argumento de que si fueron los tribunales quienes ilegalizaron a Batasuna, que sean ellos, también, quienes decidan el futuro de Sortu, que son las mismas personas, pero con algunos planteamientos nuevos.

Asimismo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la única intervención pública en la que se ha pronunciado sobre esta cuestión, además de insistir en que sean los tribunales quienes decidan, ha pedido a todos, partidos y medios de comunicación, que contribuyan a que el debate sea "lo más objetivo posible".