Interior sostiene que Sortu se ha creado "bajo control directo de ETA"

"El partido político Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna y que ha sido ejecutada bajo su control directo". Así de contundente se pronuncia la Policía Nacional en el informe remitido por el Ministerio del Interior a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, los encargados ahora de pedir al Tribunal Supremo que declare la ilegalización del nuevo partido de la izquierda abertzale. Tanto la Policía como la Guardia Civil sostienen, en casi 80 folios de informes, que ETA concertó con Batasuna la vuelta a la política para la consecución de sus objetivos a través de las instituciones y de una futura alianza de partidos.

No hay pruebas directas que muestren a miembros de ETA o de la izquierda abertzale hablando sobre un futuro partido que iba a rechazar la violencia terrorista y declarar su independencia de la banda únicamente como estrategia, según afirman fuentes de Interior. Tampoco hay documentos expresos o declaraciones sobre Sortu que prueben sin lugar a dudas que la formación depende de ETA y que su proclamada independencia no es tal. Lo que han elaborado la Policía y la Guardia Civil es un análisis basado fundamentalmente en el pasado y la trayectoria de la banda terrorista y las distintas formaciones políticas ilegalizadas, realizado a través de documentos incautados durante los últimos años, sobre todo a partir de 2008, en los que la banda declara su intención de "crear un referente político como instrumento de sucesión de Batasuna", según indica el informe de la Guardia Civil.

Se han estudiado también el historial y los pronunciamientos públicos de los promotores de Sortu -cinco de los cuales tienen vínculos, según el texto, con Herri Batasuna (es el caso del portavoz, Iñaki Zabaleta, candidato en 1979) y con la agrupación de electores Aukera Guztiak- y de aquellos que han presentado o apoyado el nuevo partido. La conclusión, según los informes, es que se trata de las mismas personas, que persiguen, además, los mismos objetivos que ETA. No se contempla la posibilidad de que el rechazo de la violencia y su apartamiento de la banda sean reales. La policía sostiene que en el pasado, y desde el año 2000, la izquierda abertzale ya se había planteado rechazar el terrorismo, y que siempre se ha tratado de una mera declaración instrumental.

Sortu incluye en sus estatutos una referencia al "proceso democrático". El informe de la Policía argumenta que se trata de una expresión usada por ETA desde hace más de 15 años para referirse a la consecución de sus objetivos políticos. El texto insiste en que los objetivos de la izquierda abertzale son, al igual que los de la banda, abrir un proceso de negociación sobre la autodeterminación y la territorialidad -incluyendo la corporación de Navarra al País Vasco-, por lo que ETA va a usar a Sortu para conseguirlos.

Los informes inciden en algunos datos notorios: que detrás de la formación no están solo los promotores desconocidos que aparecen en los estatutos, sino militantes y dirigentes de partidos ilegalizados como Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna o ANV. Sortu fue presentado en Bilbao el lunes 7 de febrero por Iñigo Iruin y Rufi Etxeberria, exdirigente de Batasuna que se enfrenta a 12 años de cárcel. Arropándolos estaban, entre otros, Rafael Díez Usabiaga, incurso en dos sumarios en la Audiencia Nacional; Pernando Barrena, sustituto de Otegi como portavoz de la izquierda abertzale tras el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi; o Juan José Petrikorena, responsable de comunicación de Batasuna. Una treintena de asistentes estaban relacionados con distintas marcas electorales de la izquierda abertzale, según el informe de la Guardia Civil.

Pero esto no es nuevo. Los herederos de Batasuna no se han escondido, ni tampoco su voluntad de crear un nuevo partido político. Los lazos con la ilegalizada Batasuna están claros. La cuestión a dilucidar es si se han apartado de ETA y de la estrategia terrorista o todo constituye una trampa. La Policía y la Guardia Civil creen que se trata solo de una estrategia. El Tribunal Supremo tendrá que determinar ahora si los indicios presentados son suficientes para acreditarlo