Los aplazamientos de 500 millones en impuestos lastran la recaudación

El Impuesto de Sociedades sigue en una pronunciada cuesta abajo y las empresas continúan pidiendo crédito fiscal para hacer frente a sus obligaciones, sobre todo en IVA. A la caída de casi el 20% en 2010 de la tasa de Sociedades respecto de 2009, se ha sumado al final de 2010 una creciente solicitud de los contribuyentes para aplazar el pago de sus deudas tributarias. En total, las haciendas forales han concedido créditos fiscales por valor de 500 millones, en su mayoría aplazamientos de IVA, e IRPF, lastrando las previsiones de recaudación del Consejo Vasco de Fianzas, el pasado octubre. Si entonces, y debido a la buena marcha, sobre todo del IRPF y de la recuperación de la industria, las Diputaciones y el Gobierno previeron un crecimiento de la recaudación del 9,3%, el cierre ha caído casi un punto, hasta el 8,4%, unos 100 millones de euros menos.

Aguirre restó trascendencia a la caída de la recaudación

Los diputados de Álava y Guipúzcoa evitaron la polémica sofre el fraude

El consejero de Economía, Carlos Aguirre, explicó, no obstante, que si bien el crecimiento se ha visto frenado, "hay que valorar que un 8,4% en un año de crisis, es un buen crecimiento". Aguirre restó importancia al efecto en sus presupuestos de esa caída. La recaudación por impuestos fue en 2010 de 11.700 millones, frente a los 10.792 de 2009. Una cifra correspondiente a 2010 que en el acumulado de anteriores años sobrepasa los 2.000 millones, según precisó el propio diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao.

De los 500 millones aplazados 264,7 corresponden a los concedidos por Vizcaya, 165,7 a los de Guipúzcoa y 67,4 a Álava. Con los nuevos datos ya cerrados de la recaudación final, el Fondo General de Ajuste se formalizará con 111 millones de euros, de los que 82,5 irán a Guipúzcoa y 28,4 a Álava.

La cita de los tres diputados generales con sus respectivos equipos económicos y los dos representantes del Gobierno, el consejero de Hacienda, Carlos Aguirre, y la de Administración y Justicia, además de portavoz del Gobierno, Idoia Mendía, venía precedida de la polémica entre los diputados de Hacienda de Álava y de Guipúzcoa a cuenta del dinero que la segunda había logrado aflorar de fraude fiscal. El diputado guipuzcoano, Peio González, explicó hace una semana que su equipo había aflorado en 2010, un total de 317,8 millones por ese concepto, el 37,8% de su presupuesto operativo del pasado año. El diputado alavés José Luis Cimiano le puntualizó poco después y así se abrió una controversia al asegurar desde Vitoria que los datos de Guipúzcoa "estaban hinchados". Ayer, los dos diputados generales concernidos eludieron el asunto. "No voy a contribuir con ni una gota más a una polémica que es una tormenta en un vaso de agua", dijo el guipuzcoano, Markel Olano. El alavés, Xabier Agirre, siguió la misma tesis. Ni siquiera respondieron a la pregunta de "si los datos están hinchados o no".

Lo cierto es que las comparaciones sobre el fraude fiscal no gusta demasiado en las haciendas forales. Salvo Álava y Guipúzcoa, que empiezan a ofrecer datos anuales completos, Vizcaya sigue ofreciendo datos de diez en diez meses. Pese a todo, y según los recopilados por El PAIS, la diferencia de dinero procedente del fraude fiscal que afloran unos y otros es importante. Ya en 2009, el dinero aflorado en Guipúzcoa suponía 420 euros por habitante, frente a los 180 euros por habitante de Vizcaya y el Estado, y los 183 de Álava.

El consejero de Economía lamentó durante la mañana de ayer, tras el consejo de Gobierno, esa polémica y señaló que este tema debería abordarse en el seno de los órganos constituidos para estas cuestiones, como el Órgano de Coordinación Tributaria, (OCT), o en el propio Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP). Aguirre, que, ya por la tarde presidió la reunión de este último órgano afirmó que no es "partidario" de que este tipo de polémicas "se ventilen fuera" porque la fiscalidad es "uno de los pilares" del sistema de Concierto Económico.

La reunión del CVFP permitió también debatir sobre la participación del Gobierno en el astillero la Naval de Sestao, a través de la sociedad de capital riesgo del Ejecutivo, Socade. En principio, mantendrán como tope los 5 millones de euros y una vez autorizado por las tres diputaciones y el Gobierno, esperarán a que se pronuncie, por una parte la UE, que todavía no lo ha autorizado, y por otra parte el consejo de administración de La Naval.