El rasero del fiscal con los socialistas

Las últimas noticias sobre la investigación a Francisco Camps -la fiscalía pide que se siente ya en el banquillo al presidente valenciano por recibir regalos de empresas de la trama Gürtel- han coincidido con el caso Mercasevilla, que afecta al Gobierno socialista de Andalucía y en el que el ministerio público, según el PP, no está impulsando la investigación. Eso ha dado pie a los populares para afirmar que el Fiscal General del Estado -teóricamente independiente pero nombrado por el Ejecutivo- persigue a su partido y protege a los socialistas.

Estos son algunos de los casos de corrupción o prevaricación ligados al PSOE que han llegado a la fiscalía en los últimos tiempos.

- 'Caso Ciempozuelos'. La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2006 tras recibir un informe del Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España. El entonces alcalde de la localidad madrileña, Antonio Torrejón -que dimitió por el escándalo-, y uno de sus predecesores, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE, recibieron presuntamente comisiones millonarias por recalificar terrenos a empresarios del ladrillo. Tras pasar por la cárcel, ambos están en libertad, a la espera de juicio, bajo fianza de 900.000 euros.

- 'Caso Astapa'. En junio de 2008, el entonces alcalde de Estepona (Málaga), el socialista Antonio Barrientos, fue detenido por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo junto a varios concejales, numerosos técnicos municipales y varios empresarios. Barrientos estuvo seis meses en la cárcel a petición de la fiscalía; ahora se encuentra en libertad bajo fianza.

- 'Caso Rollán'. La ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz (Madrid) Trinidad Rollán, número dos del PSOE madrileño, fue condenada el pasado enero a ocho años de inhabilitación, la pena que había solicitado la fiscalía cuando inició la investigación. El delito de prevaricación fue cometido en 2001: Rollán y otros 13 concejales de Torrejón se empeñaron en ceder suelo municipal a una empresa, para que construyera en él pisos baratos, a pesar de saber que el convenio era ilegal.

- 'Caso Matsa'. En enero de 2009, la Junta de Andalucía, presidida por el hoy ministro Manuel Chaves, concedió una subvención de diez millones de euros a la empresa Matsa, en la que trabaja una hija de Chaves. La fiscalía pidió el archivo de la denuncia presentada por el PP, al no apreciar indicios de prevaricación ni tráfico de influencias. La causa penal fue, en efecto, archivada por el Tribunal Supremo; el PP recurrió entonces a la vía contencioso-administrativa y, en enero de este año, los jueces ordenaron abrir expediente a Chaves por no haberse abstenido en la votación que aprobó aquella subvención.

- 'Caso Bono'. La fiscalía archivó en 2010 una investigación sobre el patrimonio del presidente del Congreso, José Bono, después de que varios medios de comunicación y el PP sugiriesen que se había enriquecido de forma irregular gracias a sus contactos con empresarios cuando era presidente de Castilla-La Mancha. El fiscal no vio indicios de delito.