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Reportaje:

Adiós al pequeño Marruecos

El Consistorio ultima el derribo de casi todas las casas del sector IV de la Cañada - Es la zona donde hubo una batalla campal entre vecinos y policía en 2007

Hace tres años, bajo el terraplén de un olivar terroso que mira hacia la carretera de Valencia, un grupo de policías antidisturbios y otro de niños y jóvenes marroquíes se estuvieron lanzando piedras durante horas. No era un juego, 41 personas resultaron heridas, ocho de ellas, agentes. Uno casi pierde la visión de un ojo de un golpe. La causa de la batalla, retransmitida al mundo árabe por la cadena Al Yazira, fue la demolición de la casa de Abdul. "Todo empezó porque pegaron a las mujeres", precisa ahora este hombre de 33 años y natural de Tánger. "No se va a repetir", pronostica muy seguro.

Lo que sí se va a repetir es el derribo de su casa. Una de las 300 viviendas ilegales del sector IV de la Cañada Real Galiana, a la trasera de las urbanizaciones de Rivas Vaciamadrid, a las que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto fecha de caducidad y que se irán demoliendo en las próximas semanas. Unas 500 viviendas se amontonan en ese sector de la Cañada. Esta vez la mayoría de las órdenes de derribo no tienen posibilidad de recursos. En esa zona de la senda viven cerca de 2.000 ciudadanos marroquíes.

Jamal vende carne de Marruecos y reparte las cartas de los vecinos

A tres semanas de la aprobación definitiva de la ley que regule el futuro de la vía pecuaria y el destino de sus moradores (cerca de 40.000 a lo largo de 15 kilómetros), los expedientes judiciales de la zona donde se ubica la casa de Abdul se han ido amontonando en la mesa del juez. Muchos de ellos, como el suyo, tocan a su fin sin posibilidad de recurso alguno. "Nosotros ya estamos dispuestos a irnos. Lo único que queremos es que nos ofrezcan alguna solución", dice el hombre sentado en el salón de su casa mientras el té hirviendo ocupa el centro de la estancia y su padre, hermano y vecinos murmuran palabras pesimistas sobre el futuro. Abdul pagó 50.000 euros por el solar. En realidad, una transacción ilegal que se hace bajo la fórmula de "cesión".

Alrededor de la mesa, en la que no hay ninguna mujer, sí hay un chico, Manuel, que es español. "Somos unas seis familias no marroquíes en esta parte", explica. Todos están unidos, tanto, que participarán la próxima semana en una manifestación festiva con música y comida de España y de Marruecos.

En el embarrado camino es casi imposible toparse con alguien que no sea marroquí. Unos metros más allá de la casa de Abdul está la mezquita. En realidad, es una especie de chalecillo con una planta diáfana cubierta por una moqueta. Hay que entrar sin zapatos, en calcetines. Un hombre vestido con una chilaba sostiene un libro de cerca de un metro de alto. No despega la vista de la lectura.

Al otro lado de la senda está la tienda de Jamal. Es una carnicería, pero también una tienda de alimentación en general y una oficina de correos ocasional. La carne, embutida en unas bolsitas con forma de salchicha de plástico, es importada. Las especias, también. Una mujer hace cola para pagar. Cuando le llega el turno, el dependiente saca un fajo de sobres que guarda cerca de la caja registradora. Cartas con los logotipos de los bancos o membretes oficiales. No hay correo para ella. "Es que aquí no nos llegan las cartas y por eso Jamal las recibe y luego nos las reparte", confirman los hombres sentados en torno a la tetera en casa de Abdul.

El Ayuntamiento de Madrid no recuerda con particular énfasis la casa de Abdul, reconstruida en su momento en una semana con la colaboración de todos sus vecinos. "La demolición deviene en firme tras los recursos, y el Ayuntamiento inicia los trámites", explican por escrito.

Abdul, que se dedica a recoger chatarra con su furgoneta en el vecino municipio de Rivas, sí recuerda bien el mes de octubre de 2007, en el que se montó una batalla campal tras su desalojo y la demolición de su vivienda. Entre otras cosas porque pendió sobre él una condena de tres años de cárcel, y desde entonces debe presentarse en el juzgado los días 9 y 23 de cada mes.

El abogado de Abdul, Javier Rubio, no cree que existan grandes posibilidades de frenar las demoliciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de febrero de 2011