Un atajo para la paz social

El caso de las falsas prejubilaciones en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con dinero público ha ensombrecido lo que ha sido una de las políticas más emblemáticas de los socialistas de los últimos 15 años: la del rescate de empresas en crisis, una decisión que entre otros aspectos ha garantizado la paz social en la comunidad. Por ahora, Empleo reconoce que hay un total de 39 presuntas falsas prejubilaciones -correspondientes a 14 empresas- de las 6.096 que aún se están pagando, y que la Junta ha llevado al juzgado número 6 de Sevilla. El consejero de Empleo, Manuel Recio, dijo ayer desconocer si, como han apuntado varios medios, hay otra veintena de ERE en los que también se han producido irregularidades.

El Ejecutivo fija la responsabilidad del fraude en el director general de Trabajo

Entre 2001 y 2010, el Gobierno regional presidido por Manuel Chaves hasta 2009 destinó 647 millones a estas políticas. El 90% de este dinero ha financiado expedientes de regulación de empleo, una herramienta que permite la continuidad de la actividad tras el ajuste laboral. El 10% se ha destinado a las empresas. Este camino lo empieza a recorrer la Junta a mediados de los años noventa, cuando los trabajadores de Santana, de Puleva, de Cervezas Alhambra, de Intelhorce o de Astilleros incendiaban de este a oeste Andalucía (y los mítines del PSOE) pidiendo soluciones al Gobierno presidido entonces por Manuel Chaves. Los socialistas tomaron la decisión de ir al rescate, intervenir y apaciguar los conflictos. Hasta ahora. Fuentes de la Junta admiten que en la actualidad están rechazando peticiones de financiación de ERE, no solo por cuestiones de limitación presupuestaria sino también porque consideran que las prejubilaciones no pueden ser ya "la salida natural para la viabilidad de una empresa". Desde 2001 hasta 2009, aproximadamente unos 25.000 trabajadores han percibido prejubilaciones financiadas con fondos públicos, según estas mismas fuentes.

Las partidas para conceder estas ayudas están en los sucesivos presupuestos de la Junta de Andalucía. No es cierto que fuera un dinero opaco, aunque evidentemente ha habido un uso fraudulento de algunas cantidades cuya cuantía está por determinar.

El Gobierno andaluz utilizó para financiar los ERE una vía administrativa (transferencia de financiación a la explotación) que permitía mayor agilidad, un atajo para que la tramitación fuera más rápida. La Intervención General defendía, por ejemplo, la de la subvención excepcional, "la más purista, pero la menos eficaz", en opinión de una fuente del Ejecutivo. "No hay tres letrados en la Junta que coincidan en cuál era la mejor", aseguran fuentes jurídicas, sorprendidas por la contundencia del atestado de la policía judicial que mantiene que las ayudas concedidas desde la Dirección General de Trabajo que dirigía Javier Guerrero vulneraron las leyes de Hacienda Pública y de Régimen Jurídico de las Administraciones.

Guerrero, director general durante nueve años con tres consejeros, hizo saltar todas las alarmas en el Gobierno andaluz cuando aseguró a la policía que manejó "un fondo de reptiles" para ayudar a empresas en crisis. Cinco días después rectificó en una declaración cuando menos poco espontánea.

El Gobierno andaluz ha situado el cortafuegos de la responsabilidad política en la dirección general de Trabajo. Por el momento se ven tres tipos de actuación: la de una trama en la que están implicadas al menos 12 personas, urdida por el ex sindicalista de UGT y conseguidor Juan Lanzas, que se habría beneficiado, con la complicidad de las consultoras, del dinero de falsos prejubilados; la inclusión irregular de personas que cobran por un ERE distinto al que les corresponde, y que desde la Junta se considera una "chapuza"; y la de personas que sin trabajar en ninguna empresa fueron incluidas, supuestamente por orden de Guerrero, entre las que figuran tres miembros del PSOE.