Tres veces las ayudas del Gobierno central

La Junta multiplicó por tres las ayudas a prejubilaciones que concedió el Gobierno central durante la última década. Estas subvenciones a los expedientes de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo aclaran la dimensión de la inversión que la Junta realizó para lograr la paz social. Mientras que el Gobierno central invirtió 234 millones, el Ejecutivo autonómico dispuso de 647 millones, casi tres veces más. El pasado año, en plena crisis, el Estado destinó 16 millones y la Junta unos 52 millones. "Como a todo el mundo, a mí también me ha sorprendido la cifra de la Junta", afirma un alto cargo del Ministerio de Trabajo que pide el anonimato.

La principal diferencia entre las ayudas concedidas por ambas Administraciones es el control sobre las mismas. La Ley General de Subvenciones de 2003 aclaraba que cada subvención que concede el Estado debe ir acompañada de una solicitud, una instrucción y una resolución previa al pago y la justificación del mismo. Sin embargo, el seguimiento a las ayudas a empresas sin que mediara ERE fue en numerosas ocasiones inexistente en las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo. La estipulación del convenio marco de 2001 entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y Empleo para regular las ayudas, fijaba el seguimiento del gasto, como una opción, sin un férreo control: "Composición, en su caso, de la comisión de seguimiento de la asistencia técnica encargada". Estas comisiones de control a veces brillaron por su ausencia y fueron la puerta abierta para el descontrol.

"Las ayudas son inversiones no creativas y un lubricante para situaciones extremas. Pero los procesos de negociación han tenido una perversión por los acuerdos con los sindicatos bajo la frase: 'Si usted no tiene dinero, se lo pide al Gobierno", explican fuentes conocedoras del sistema de ayudas. Estas mismas fuentes piden el anonimato para no ser perjudicadas, porque en el sector de los expedientes de regulación de empleo, los actores son pocos, muy pocos. Pero los ceros de las cifras son muy abundantes. "Existen mediadores de seguros que viven el resto de su vida de ciertos seguros. Si aciertas, te retiras", ejemplifica una fuente. Los porcentajes de beneficios perduran mientras las pólizas de las prejubilaciones son abonadas durante años.

La literatura negra de las subvenciones siempre ha tenido grandes hitos como las defraudaciones por los cultivos y la producción agraria y escándalos como el del lino. La investigación derivada del caso Mercasevilla ha dejado al descubierto unos beneficios millonarios que aprovecharon personas bien conocedoras de las grietas del sistema.

El Gobierno central empezó a conceder ayudas hace unos 25 años. Hoy la mayoría de Gobiernos autonómicos las ponen en práctica con más o menos éxito. El Ejecutivo gallego invirtió en 2008 ocho millones en ayudas a la formación en el textil y la automoción para evitar una ola de ERE en el sector industrial. Fue una iniciativa muy criticada porque se tomó a pocos meses de las elecciones autonómicas. Tras esos acuerdos, se pactó una medida para completar el 30% de los salarios en los ERE con aportaciones públicas. Nunca se puso en práctica.