La cuerda se tensa en Metro: CC OO se querella contra el consejero

Empezó como una huelga con servicios mínimos, pasó a ser una huelga sin servicios mínimos y luego el conflicto de los trabajadores de Metro contra el Gobierno regional se embrolló de tal forma que derivó en una serie de demandas, recursos y expedientes disciplinarios que aún tardará tiempo en resolverse. El último capítulo, el que tensa aún más las relaciones entre la Consejería de Transporte y los sindicatos del suburbano, lo anunció ayer Comisiones Obreras. La organización ha presentado una querella contra el consejero, José Ignacio Echeverría, por un supuesto delito de prevaricación al decretar los servicios mínimos para la huelga del Metro del pasado mes de junio. Añade otro delito, el de coacciones, por ordenar el "cierre total" de las instalaciones del suburbano.

Francisco Granados asegura que el Gobierno regional está "tranquilo"

El sindicato CC OO asegura en la querella, a cuyo texto ha tenido acceso EL PAÍS, que Echeverría cometió el delito de prevaricación al dictar dos órdenes de 22 de junio de 2010 en las que establecía los servicios mínimos para la huelga convocada por los sindicatos CC OO, UGT, Solidaridad Obrera, SCMM y SLMS para los días 28, 29 y 30 de junio. Los sindicatos consideraron esos mínimos abusivos. Echeverría "tiene plena conciencia de su arbitrariedad, e impone tales servicios con un único objeto, que es limitar o vulnerar el derecho de huelga", asegura el texto.

CC OO argumenta que los mínimos son "casi idénticos" a los de los paros que se produjeron entre marzo y abril de 2009 y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en una sentencia de enero de 2010. El TSJM declaró que se había vulnerado el derecho de huelga. "Resulta impensable que la dirección de la empresa o el consejero querellado que firma dichas órdenes no sea conocedor de una muy reciente resolución judicial que declara que servicios mínimos prácticamente idénticos a los implantados por tales órdenes son abusivos", asegura la querella.

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, aseguró ayer que en la Comunidad de Madrid están "tranquilos" por su actuación en la huelga, ya que únicamente garantizaron el derecho de los madrileños a usar el transporte público.

3La querella del sindicato llega solo unos días después de que un juzgado declarara ilegal la huelga que paró el Metro de Madrid a finales de junio. El Juzgado de lo Social 16 de Madrid consideró que los paros que dejaron a la ciudad sin suburbano durante los días 29 y 30 de junio supusieron una "desproporción y extralimitación" en el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

Los trabajadores de Metro fueron a la huelga después de que la Comunidad de Madrid les incluyera entre las empresas públicas a las que iba a aplicar los recortes salariales del 5%. Los sindicatos pusieron el grito en el cielo porque no son funcionarios. Se compararon con Renfe o con Adif, ambas empresas públicas a las que el Gobierno central no incluyó en los recortes. Aguirre, en cambio, sí lo hizo. Los sindicatos argumentaron también que con esa decisión se vulneraba su convenio colectivo, que estaba en vigor.

La huelga se desarrolló durante varios días con unos servicios mínimos del 50%, pero hubo dos jornadas durante las que no se respetaron esos servicios. El Gobierno regional cerró el suburbano el día 29. La ciudad se paralizó y se generaron pérdidas millonarias. Por eso la Comunidad demandó a los sindicatos. "Nunca más en la Comunidad de Madrid habrá una huelga que no respete los servicios mínimos", declaró la presidenta, Esperanza Aguirre, tras conocer la sentencia.

El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, explicó ayer que en la Comunidad de Madrid estaban "tranquilos" y que a día de ayer aún no habían recibido el texto de la querella, informa F. Javier Barroso. Aseguró que se habían enterado por la información de la Cadena SER. "Durante la huelga de metro anterior no se dijo en ningún momento que los servicios mínimos fueran abusivos. No querría yo pensar que esta querella responda a un intento de cambio de cromos, que no va a haber en ningún caso, para que le quede muy claro a los señores de Comisiones Obreras", aclaró Granados con cierto tono de enfado.

La sentencia que declaró la huelga ilegal deja abierta la posibilidad de una nueva demanda por daños económicos, una posibilidad con la que el Gobierno regional amenazó a los sindicatos en su momento. Los expedientes a los trabajadores por el incumplimiento de los servicios mínimos aún no se han resuelto.

Hay más procedimientos en curso. Los sindicatos tienen recursos presentados en el TSJM contra los mínimos que fijó la Comunidad para los paros de junio por considerar que "conculcan el derecho de huelga", pero aún tardarán meses en resolverse. Es por eso por lo que, según el portavoz de CC OO en Metro, Ignacio Arribas, se ha presentado la querella. "Estamos cansados de que no se respeten las sentencias de nulidad de los servicios mínimos", afirmó ayer. Asegura que los fallos judiciales siempre llegan tarde, cuando han pasado meses de la huelga. "Creemos que la querella tiene muchas posibilidades de salir adelante", añadió. "Antes de 2009 tenemos otras cuatro o cinco sentencias favorables, en las que los jueces anulan los servicios mínimos impuestos por la Administración".

La querella también acusa a Echeverría de coacciones por dar la orden de cierre del Metro el día 29. "Ese cierre tuvo lugar sin motivo alguno y se enmarca en la estrategia urdida por el querellado al objeto de limitar o conculcar el derecho de huelga", asegura el texto, y añade que el ciudadano "solo percibe que el metro está cerrado y culpa a los trabajadores de la situación (...) generándose hostilidad hacia los empleados de la empresa". Arribas insistió en que todos los servicios mínimos en las huelgas de metro han sido "calcados" en los últimos años y que "la judicatura los ha ido anulando sistemáticamente". Por ello, afirmó, "Echeverría no puede decir que no conociese que sus decretos eran ilegales".