Un fiscal especial coordinará la investigación sobre niños robados en toda España

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido designar a un fiscal especial para coordinar a nivel nacional las investigaciones que las fiscalías provinciales abran sobre el robo de niños durante el franquismo y hasta los primeros años de la democracia.

Aún no está nombrado, pero el fiscal especial al que se encargará la coordinación de esta investigación será elegido en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, según fuentes de la misma.

La Fiscalía ha decidido remitir los 261 casos denunciados el pasado 27 de enero por la Asociación de Afectados pro Adopciones Irregulares (Anadir) a las fiscalías provinciales, por entender que el robo de niños no obedecía a un plan sistemático, a nivel nacional, sino a tramas sin conexión entre sí.

A partir de ahora, si los fiscales provinciales deciden abrir investigaciones sobre los casos de robo de niños denunciados deberán dar parte al fiscal especial designado por la Fiscalía General del Estado, que recabará toda la información sobre las diligencias abiertas en cada provincia. De momento, ya hay investigaciones abiertas en Cádiz, Madrid, Sevilla y Málaga.

Anadir considera "un éxito", en palabras de su abogado, Enrique Vila, la decisión de nombrar a un fiscal especial que coordine la investigación, "para que haya un único criterio". "Es un paso de gigante", aseguraron en un comunicado.

Precisamente ayer, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para manifestar la "solidaridad" del Parlamento "con todas aquellas mujeres que hubieran sido víctimas de la sustracción de sus hijos o hijas para ser entregados en adopción y con sus descendientes, a los que se les negó el derecho a vivir con sus progenitores". También para instar a la creación de una "subcomisión parlamentaria con la finalidad de que se elabore una investigación sobre los hechos y su alcance para poder actuar en consecuencia".

El grupo pedía dar traslado a la Fiscalía del Estado de la necesidad de iniciar "una profusa investigación" sobre los casos de robo de niños denunciados por Anadir. La proposición no de ley también insta al Gobierno a ofrecer a los afectados un banco de ADN para ayudar a madres e hijos robados a encontrarse, asesoramiento legal, facilitación de los procesos de búsqueda de información y la creación de una oficina para gestionar toda la documentación disponible.

El ministro de justicia, Francisco Caamaño, calificó de "gravísimos" los hechos denunciados por Anadir. Dijo que deben ser esclarecidos y, en caso de que los posibles delitos no hayan prescrito, perseguir a los responsables.

Algunos de los médicos señalados por las madres que han denunciado el robo de sus hijos siguen ejerciendo. También viven muchas de las monjas y sacerdotes a los que acusan de estar implicados.