Ética policial y valores democráticos

El Código de Ética Policial aprobado por Joan Saura, anterior consejero de Interior de la Generalitat ha sido derogado por su sucesor, Felip Puig. Ello satisface a quienes se habían opuesto al texto -fundamentalmente, sindicatos policiales-, pero también desilusiona a las organizaciones cívicas que lo habían apoyado. Se dice que se elaborará otro código mejor y con más consenso, pero quienes firmamos estas líneas creemos que la discrepancia tiene razones profundas que apuntan a distintos modelos policiales, lo que ha determinado nuestra dimisión como miembros del Comité de Ética Policial que redactó el proyecto.

De entrada, muchas de las críticas vertidas son desproporcionadas respecto de la real dimensión del Código Ético, lo que revela que algunos discrepantes desconocían el texto. Se ha tildado de intervencionistas, coactivos y sometedores de las policías locales a los Mossos d'Esquadra (?), cuando lo que se establecen son principios orientadores comunes a todas las policías dependientes de autoridades catalanas, pretendiendo reforzar la función policial en materias como la proximidad, la prevención, la mediación, la relación con otros servicios públicos y la investigación. El código derogado declaraba expresamente que no imponía sanciones y que el Comité de Ética no podía interferir en la cadena de mando. Se dirigía a "consolidar y promover los valores democráticos ya asumidos por las policías de Cataluña", permitiendo una valoración de su cumplimiento mediante un informe anual del Comité de Ética, sin constancia de datos personales. Por tanto, ni suponía una coacción para los agentes, ni exponerlos al escarnio público, ni interfería en las competencias de las autoridades policiales, ni en la autonomía municipal.

Las instituciones fuertes y seguras de sí mismas no temen el escrutinio público porque admitirlo refuerza su prestigio

Entonces, ¿por qué el código no contó con el necesario consenso ni con el informe favorable del Consejo Superior de la Policía? Tenemos suficiente espíritu autocrítico como para admitir que el debate podía haber sido más amplio, pero en ningún caso puede presentarse el texto resultante como un trágala de última hora, impuesto a espaldas de los policías. Hubo un dilatado periodo de alegaciones sobre dos versiones del proyecto, enviadas a sindicatos policiales, asociaciones de mandos, entidades municipalistas y varios expertos. De la veintena de entidades consultadas solo dos asociaciones policiales formularon enmiendas al texto y el resultado del proceso fue la supresión de 33 artículos del proyecto inicial y la modificación de otros muchos. Cabe deducir, por tanto, que la oposición se dirigía no tanto al texto como al modelo de control externo de la actuación policial que el Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó con el Código Europeo de Ética de la Policía y que hemos intentado trasladar a Cataluña.

El modelo propuesto pretendía ejercer ese control mediante la advertencia de los errores y la recomendación de buenas prácticas, haciendo, además, que los principios básicos de la actuación policial fueran accesibles a los ciudadanos para generar mayor confianza en el servicio policial y sus agentes. Los Mossos d'Esquadra son una referencia como policía democrática, pero, aunque han descendido en los últimos años, las numerosas denuncias penales contra algunos agentes -659 en los últimos tres años, con 410 juicios y 28 condenas-, justifican medidas de evaluación que contribuyan a mejorar el ejercicio de la función. Se nos ha dicho que eso supone "desprestigiar" a los policías y mantenerlos "bajo sospecha", pero creemos que se trata justamente de lo contrario: en primer lugar, porque reforzar el control y la evaluación supone partir de la extraordinaria importancia de su trabajo, dedicado, ni más ni menos, que a la defensa de nuestros derechos como ciudadanos. Y, además, porque admitir la evaluación externa supone reafirmarse en la voluntad de servicio y adecuación a las exigencias de una sociedad democrática. Las instituciones fuertes y seguras de sí mismas no temen el escrutinio público porque admitirlo refuerza su prestigio. Esperemos que la derogación del Código Ético no transmita el mensaje contrario a los ciudadanos.

Carlos Jiménez Villarejo es exfiscal anticorrupción y Mercedes García Arán es catedrática de Derecho Penal.