La Generalitat avala que algunos municipios cobren el agua más cara a los no empadronados

Tres municipios turísticos, Blanes, Tossa de Mar (ambos en la Selva) y Figaró-Montmany (Vallès Oriental), cobran más cara el agua a los no residentes que a los habitantes del municipio, pese a que el Síndic de Greuges considera que la medida es ilegal. La Generalitat se mostró ayer totalmente indiferente. El cobro del agua es competencia municipal, pero la Administración autonómica tiene la facultad de aprobar la tarifa local de agua a través de la comisión de precios -que depende del Departamento de Empresa y Empleo-, aunque no puede inmiscuirse en los detalles de la tarificación. Escudándose en ello, la Generalitat avala el cobro del sobreprecio del agua a los no empadronados. Según fuentes del departamento, no puede hacer nada para evitarlo. Ningún portavoz oficial quiso ayer dar explicaciones pese a los requerimientos de este diario.

El propio Tribunal Supremo, en una sentencia de 2006, concluyó que cobrar más cara el agua a los no residentes en un municipio es "una diferencia de trato totalmente artificiosa e injustificada, por no venir fundada en un criterio objetivo y razonable de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados".

"Es una discriminación que vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución. Toda prestación de servicios debe someterse a estos principios. No tiene justificación objetiva", considera Rafael Entrena, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona (UB). La solución, según Entrena, está en el consumo mínimo de agua, habitual en las facturas para cubrir los costes fijos de abastecimiento. La misma recomendación hizo el Síndic de Greuges.

"Está comúnmente admitido el consumo mínimo, pero no es admisible cobrar más cara el agua a los no residentes", agrega Mariló Agramunt, profesora titular de Derecho Civil de la UB, que recomienda a las personas afectadas por estas tarifas que "impugnen la norma ante la jurisdicción contenciosa administrativa". Agramunt ilustra el intrincado sistema de tarificación del agua: "Es como un gran mosaico normativo. Quizá lo único que tienen en común las tarifas son los conceptos: el consumo mínimo, el consumo real, el canon del agua y el IVA".

Juan Emilio Nieto, profesor de Derecho Administrativo y Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, recalca que la última palabra la tienen los Ayuntamientos, los responsables de fijar la tarifa de agua. Según Nieto, los municipios que cobran la tarifa más cara a los no residentes se pueden basar en la Ley de Tasas. "Lo único que dice es que el precio debe reflejar el importe del servicio, pero no establece el mecanismo de cálculo", concluye.