Mas planea vender edificios públicos para pagar deudas

La Generalitat está ultimando su plan para pagar deuda y reducir el déficit público con soluciones de economía de guerra. El Gobierno catalán presentará hoy las primeras medida para lograr un ahorro global del 10% este año. Todos los departamentos se verán afectados, incluidos los de Sanidad, Educación y Bienestar y Familia. A medio plazo el Gobierno catalán se plantea la venta de edificios de la Administración para obtener liquidez. La medida, ya intentada por el anterior Gobierno, daría cierta holgura a las cuentas y permitiría a la Generalitat seguir haciendo uso de los edificios como arrendatario.

Pero no será fácil, sobre todo por la actual situación del mercado inmobiliario, y también porque buena parte de los edificios que la Generalitat podría poner a la venta no son, de hecho, de su propiedad, sino de la Seguridad Social. Se trata de la mayor parte de los hospitales públicos, cuya gestión está en manos de la Administración autonómica, pero no su propiedad. El anterior Gobierno, como los de otras comunidades autónomas, ya negoció con la Seguridad Social para intentar hacerse con la propiedad de estos inmuebles, sin éxito. Pero la Generalitat sí tiene en propiedad decenas de ambulatorios y otros edificios cuya venta, en caso de salir comprador, sería más fácil.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, adelantó ayer que las infraestructuras tendrán serios recortes, centrados en las carreteras. Si estas se construyen, será con participación privada, lo que implicará nuevos peajes en la sombra, pagados por la Administración y no por el usuario final. Los recortes en seguridad tampoco se harán esperar: no se convocarán 200 de las 800 plazas de mosso d'esquadra previstas para este año. La medida ya ha sido duramente criticada por el Ayuntamiento de Barcelona, que ve en ello un incumplimiento del compromiso del Gobierno catalán de mantener las plantillas de la policía autonómica.

Pero mientras se van conociendo los recortes, que el Gobierno catalán comunicará formalmente al Gobierno central el próximo lunes, también trascienden nuevos problemas de tesorería. Sin ir más lejos, ayer se supo que la Generalitat no paga desde septiembre las becas de comedor a los consejos comarcales, responsables de gestionar estas ayudas. El Gobierno catalán ha prometido arreglarlo "en unas semanas".

El objetivo a corto plazo del Gobierno catalán es enderezar el déficit público, que el año pasado superó los 7.000 millones. Pero además debe convencer al Gobierno central de que Mas y su equipo serán capaces de mantener la austeridad. De ello depende que la Administración central autorice una nueva emisión de deuda pública como la que el Gobierno de José Montilla realizó para afrontar los pagos más inminentes.

Pero Cataluña no es la única comunidad que se las ve y se las desea para cuadrar sus cuentas, informa Carlos E. Cué. El PP arrancó ayer la campaña de las elecciones municipales con una comida de una treintena de alcaldes con Mariano Rajoy en la sede del partido en Madrid. Antes, la valenciana Rita Barberá y otros alcaldes anunciaron en el Congreso que lucharán para que el Gobierno deje endeudarse más a las muy endeudadas Madrid y Valencia. El PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Presupuestos, que marca la prohibición de endeudarse.

Los populares, que a nivel nacional insisten en reclamar mayores recortes del gasto, exigen a la vez al Gobierno que dé más dinero a los Ayuntamientos para evitar el "colapso financiero".